La decisión tomada por la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana de sacar determinados fármacos de diagnóstico hospitalario (DH) de las farmacias para que estos sean suministrados de manera exclusiva por los centros hospitalarios gana adeptos cada día que pasa. Ahora es la comunidad autónoma andaluza la que parece que se va a apuntar a este carro y, a buen seguro, no será la última en hacerlo. Tras esta decisión se encuentran dos posibles motivos que, si bien se pueden combinar, parece que uno prima sobre otros. ¿Se trata de una cuestión económica o, por el contrario, atiende únicamente a razones sanitarias? La respuesta es sencilla pero…
Por un lado, es indudable la profesionalidad de los farmacéuticos hospitalarios para llevar a cabo la dispensación y seguimiento de estos fármacos. Una profesionalidad ni mayor ni menor que la de los profesionales de oficina de farmacia. Hasta aquí, ningún problema. Sin embargo, los problemas comienzan a aparecer cuando, tras la salida de estos medicamentos de las oficinas de farmacia, el volumen de trabajo de los farmacéuticos hospitalarios aumente un 20 por ciento debido a la derivación de pacientes a esos centros hospitalarios. Y todo ello sin aumentar los recursos. ¿Qué quiere decir esto? Pues ni más ni menos que, de una tacada, las comunidades se ahorran el margen de la oficina de farmacia sin la necesidad de destinar ni un euro a la oficina hospitalaria. Una de dos, o ahora estarán sobrecargados o antes…
A esto habría que unir que las recetas hospitalarias no se computan en el gasto farmacéutico mensual de las autonomías y los plazos para pagarlas son mucho mayores. ¿Cómo? Sí, maquillaje del gasto. Así que la respuesta a la pregunta parece clara. Los motivos económicos son motivos que tiran mucho.
