El verano está aquí, y las vacaciones a punto de empezar. Es el momento de hacer la maleta y seleccionar la lectura con la que decidirán pasar sus días de relax en la playa, en la montaña o en su propia casa. Desconociendo cuál elegirán los consejeros de Sanidad, lo que está claro es que en su equipaje esa lectura irá acompañada de otra bastante más incómoda, que necesita analizarse sin apasionamientos. Porque el problema de no analizar el segundo ‘Informe Vilardell’ sin prejuicios está en que, por mucho que la ministra, Trinidad Jiménez, diga que desde el Gobierno central no van a tomar nuevas medidas para el sector del medicamento, la política farmacéutica depende en buena medida de las decisiones que adopten las comunidades autónomas. Lo ocurrido en el País Vasco es un buen ejemplo de que, aparte de rebajas de precios y modificaciones del SPR, los ajustes a la hora de prescribir pueden, por ejemplo, generar tensiones adicionales en un escenario que necesita, más que nunca, estabilidad.
El mensaje está claro. Tomando por válida la premisa del ministerio, son las comunidades (las mismas que van a tener problemas este año —no hablemos del próximo— para pagar sus proveedores) las que deben tener claras sus necesidades y actuar en consecuencia, dejando a un lado los costes electores, como ha hecho Cataluña. Para ello es necesario ver el ‘Informe Vilardell’ en su justa medida. Como dice Jiménez, es un informe de expertos. Nada más, pero tampoco nada menos. Y tampoco es un texto consensuado. Nada de ello es obstáculo para analizarlo con rigor todas sus propuestas.
