Varias autonomías piden ajustar los plazos y participar en los expedientes de declaración de innovación galénica
El departamento de Salgado pidió rebajar el umbral mínimo a un euro y no vio riesgo de desabastecimiento
Farmaindustria la recurrirá
carlos b. rodríguez
Madrid
Tras casi nueve meses de incertidumbre, el Ministerio de Sanidad ha despejado las dudas sobre la Orden de Precios de Referencia. El texto que apretará aún más las tuercas al sector desplegará sus efectos en el control del gasto el próximo 1 de marzo. Pero a pesar de que reportará unos mil millones de euros anuales de ahorro, la orden está muy alejada de la que querrían haber visto publicada en el BOE algunas comunidades y el Ministerio de Economía. En sus alegaciones, recogidas en el dictamen del Consejo de Estado, pedían plazos aún mas reducidos, mayores ahorros económicos y menos poder para Sanidad en el caso de las innovaciones galénicas.
Todas las regiones que enviaron sus opiniones sobre la orden hicieron referencia al ahorro que supondrá la nueva disposición. Varias no formulan observaciones, pero las del resto van encaminadas, bien a aumentar la cuantía del ahorro, bien a acelerar el proceso de obtención del mismo y asegurar que no supone rebajas en otros conceptos. Canarias, por ejemplo, pide cautela hasta saber exactamente los ahorros que se obtendrán y añade que no deben suponer una “reducción improcedente” de la financiación sanitaria.
El más claro, no obstante, a la hora de señalar que los ahorros podrían haber sido muy superiores es el ministerio de Elena Salgado, que considera que se debería rebajar el umbral mínimo a un euro. Economía descarta riesgos de desabastecimientos, pues según dice “hay medicamentos que se están comercializando por debajo de dos euros”, algo en lo que la Dirección General de Farmacia no está de acuerdo. El departamento de Alfonso Jiménez reconoce que, de rebajar más el umbral, el ahorro estimado para el SNS hubiese sido de 126,17 millones de euros. Pero aconseja mantenerlo en dos euros para impedir que se produzcan desabastecimientos de medicamentos que por su bajo precio no resulten rentables para el laboratorio su comercialización, pudiéndose desplazar el consumo a otras alternativas terapéuticas de mayor precio”.
Plazos más ajustados
Cuestión aparte merece el tema de los plazos. Dos comunidades, Canarias y Castilla-La Mancha, dicen haber propuesto al ministerio la reducción del plazo de dos años que se otorga a las compañías para ajustar los precios respecto a medicamentos afectados en su precio en más de un 50 por ciento. La primera, además, pidió reducir el plazo de 90 días previsto para aplicar la nueva orden a las farmacias. Pero los plazos ya están suficientemente ajustados, no sólo a juicio del ministerio, que rechazó estas consideraciones, sino también del Consejo de Estado, que a lo largo de su dictamen hace referencia en varias ocasiones a lo escaso de los plazos dados al sector, como en el caso de las innovaciones galénicas. “Una cosa es que se agilice el sistema y otra que el plazo sea tan escaso”, dice.
Innovaciones galénicas
Precisamente el de las innovaciones galénicas es un ámbito en el que las comunidades autónomas quieren participar más activamente. La Rioja y Andalucía creen que las regiones deben intervenir en los expedientes, algo rechazado por la propia Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), que lo considera de su competencia.
Pero el departamento de María Jesús Montero va aún más allá. La Consejería de Salud andaluza considera que no debe permitirse que el ministro de Sanidad pueda excluir del sistema de precios de las innovaciones galénicas.
Antes de que la nueva Orden de Precios de Referencia viera la luz, los dirigentes de Farmaindustria anunciaron la recurrirían. ¿El motivo? Se va a obligar a Zyprexa, Reminyl y Aricept reducir sus precios un 30 por ciento, a pesar de que no existen genéricos de los mismos ni en España ni en la Unión Europea y los tribunales tienen dictadas medidas cautelares. Según Farmaindustria, con la interpretación que se realiza de la Ley de Garantías podría llegar a permitir que una compañía actuara de mala fe contra otra, ya que simplemente con registrar un medicamento, aunque no se comercializara, se obligaría a bajar el precio del primero un 30 por ciento.
