“La infrafinanciación del SNS distorsiona el gasto en farmacia”

carlos b. rodríguez

Madrid

Pocos pueden presumir tanto de conocer la sanidad desde dentro. Miguel Ángel Zamarrón, responsable confederal de la Unión de Técnicos y Cuadros de la UGT, fue consejero del Insalud desde 1987 y vicepresidente segundo de su Consejo General hasta que desapareció en 2002. Desde entonces, es también miembro del Comité Consultivo del Interterritorial del SNS.

Pregunta. “Ante la misma necesidad, el mismo nivel de prestación”, ha defendido en algún foro. ¿Cómo va la equidad en el SNS?

Respuesta. Esa afirmación es aún para mí un objetivo irrenunciable. La equidad nunca fue, y es posible que nunca pueda serlo, perfecta, por el contexto de un servicio público universal. Siempre se buscó ese desiderátum, pero nuestro estado de las autonomías, tan positivo en muchas cosas, no ha acertado aún en este reto. Las comunidades utilizan sus servicios sanitarios como hechos diferenciadores. El CISNS debería asumir con más énfasis esta responsabilidad.

P. ¿Diría que el Interterritorial ha favorecido la coordinación?

R. La respuesta es fácil: no. El Interterritorial y el ministerio no han logrado asumir eficaz y responsablemente la labor de coordinación y cohesión de los servicios de salud que integran el SNS.

P. ¿Comparte la expresión: “17 sistemas sanitarios’?

R. Yo no llegaría a tanto. Sí hay 18 servicios sanitarios (17 más Ingesa) insuficientemente integrados en un SNS. Creo que la cruda realidad está haciendo que el sarampión que se generó con la gestión independiente, cuando el Insalud quedó totalmente transferido, está decayendo, y espero que se fortalezca una gestión más coordinada y cooperativa a través del Interterritorial. Una participación con más peso de los agentes económicos y sociales a través del Comité Consultivo sería muy positiva a esos efectos.

P. ¿Y en farmacia? ¿Hay “17 mercados farmacéuticos”?

R. Al ser las comunidades e Ingesa quienes gestionan y pagan, es legítimo que pretendan imponer sus criterios de compra. Y el gasto en fármacos y tecnología es, quizá, lo que los responsables y los gestores ven fácil de abordar. En mi opinión se equivocan, pues sería en la adquisición de esos bienes donde una actuación conjunta daría, por el indiscutible efecto de las economías de escala, un mejor resultado para todos. También, una mayor eficiencia técnica en la evaluación de las adquisiciones.

P. ¿Cree que España invierte lo suficiente en sanidad?

R. El gasto sanitario debe contemplarse no sólo como input, sino como output. Otra cosa sería la pormenorización de las cuentas de gasto y resultados de las autonomías, lo que es enormemente difícil de abordar. Entre otras cosas porque, desde que existe el nuevo modelo de financiación, la sanidad no está desglosada como partida finalista.

P. ¿Es sostenible la eficiencia del SNS, basada en bajos precios de fármacos y salarios y poco personal?

R. El coste de lo que España dedica a Sanidad es perfectamente asumible. Es más, debería incrementarse. Y hay margen para ello. No obstante, antes hay que saber los porqués y el para qué. Obviamente ahora no es el mejor momento, pero es imprescindible gastar más, al menos un punto más de PIB para homologarnos con la media de la OCDE. Lo que sí que habrá que hacer, cuando tengamos datos, sería disminuir y, quizás, suprimir prestaciones científica y socialmente injustificadas. Pero aún estamos, desafortunadamente, lejos de poder dar ese paso.

P. ¿Qué opina del modelo financiero en relación con la sanidad?

R. No es el mejor y es, con crisis o sin ella, muy mejorable.

P. ¿Y del gasto farmacéutico?

R. Lo políticamente correcto es decir que la factura es desorbitada e impagable. Es un componente de la sostenibilidad, pero nunca se ha abordado con criterios asépticos y científicos. He vivido ‘medicamentazos’, ‘recetazos’, impuestos especiales a las compañías… Y siempre la solución, que se anunciaba como definitiva, se ha demostrado coyuntural. Obviamente no tengo la solución, pero por los caminos andados ésta no se encuentra. Para concluir rápidamente diría que el gasto en farmacia está distorsionado por la infrafinanciación del SNS; que gastamos más en farmacia porque gastamos menos en otros componentes del sistema y porque no hay consenso ni se saca provecho a las posibles economías de escala. En el lado positivo creo que, trabajando de la mano, el SNS y la industria se podrían alcanzar acuerdos muy favorables para ambos.

P. ¿Necesita la política farmacéutica española un revulsivo?

R. Tanto como un revulsivo no lo sé, pero sí un importante cambio. Dejando a un lado la gestión, hay otros muchos componentes: desde la colaboración público-privada en I+D+i hasta el coste que los ciudadanos pagamos por los fármacos. En toda esa cadena hay posibles cambios que introducir: ir a acuerdos estratégicos entre el Estado y la industria; profundizar en la protocolización y la medicina basada en la evidencia; dar al ciudadano la mejor información posible y cambiar usos y costumbres no saludables, como la hipermedicación innecesaria; y mejorar, incluso cambiar radicalmente, los sistemas de distribución y venta.

P. ¿Necesita el sistema medidas enfocadas a la demanda?

R. Son necesarias, y quizá las más rentables, tanto hacia el médico como hacia el usuario. Los porcentajes de demanda actuales son muy relevantes y suponen una enorme presión sobre los profesionales. Habría que debatirlo con sosiego, participación y voluntad de compromiso. Si se afrontara con decisión de acuerdo, yo sería francamente optimista.

P. ¿Qué opina de la revisión del copago farmacéutico que defienden Asturias o Cataluña?

R. Buscar atajos, como el copago diferenciado por renta, es a mi entender mala solución e implica grandes riesgos de ineficacia, injusticia e inequidad. Por ahí no va la solución. Es una cataplasma.

P. El copago quedó excluido del debate en el pacto sanitario. ¿Cómo ve UGT este pacto?

R. Ahora hay en marcha tres pactos o escenarios: en el marco del “Diálogo Social Reforzado”; en el Congreso y en el ministerio. Nosotros defendemos este tipo de acuerdos y no es que seamos escépticos, pero sí cautelosos respecto a sus conclusiones. Para llegar a unos acuerdos asumidos por todos y operativos deberían ordenarse las prioridades de los escenarios y sus objetivos y fundamentar un formato de acuerdo en el que todos se encuentren reflejados y asuman su corresponsabilidad. Algo así puede ser como el Pacto de Toledo para las pensiones.