La industria pide copago y los pacientes participación

El ejemplo de los profesionales

La semana pasada fue también el turno de las organizaciones profesionales de médicos y enfermeros. Según Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la OMC, el verdadero trabajo del Pacto por la Sanidad recae sobre las fuerzas políticas, a las que instó a llegar a un acuerdo. Para ello puso como ejemplo a los profesionales sanitarios. De hecho, en sus discursos no hubo críticas, ni palabras cruzadas. Rodríguez Sendín, entre otros asuntos, habló de participación ciudadana, de sostenibilidad y de un pacto que defina competencias y garantice el gobierno del SNS y la igualdad de derechos y deberes en todos los ciudadanos.

Por su parte, Máximo González Jurado, presidente del Consejo General de Enfermería, centró su exposición en la necesidad actual de recursos sanitarios, así como en su distribución equitativa entre las comunidades autónomas. “Necesitaríamos 150.000 enfermeros más para asimilarnos a la media europea, una cifra que, en el hipotético caso de conseguirse, seguiría siendo insuficiente (…) por lo que en la actualidad se necesitarían 242.583 enfermeros más”, dijo.

carlos b. rodríguez

Madrid

Desde el ‘Informe Abril’, la contención del gasto siempre ha pasado por dos vías: o aplicar recortes al sector, o corresponsabilizar en mayor medida a los usuarios en el pago de los servicios. La segunda es una patata caliente que todos los gobiernos han rehuido pero que ha llegado la hora de afrontar, según Farmaindustria, de cara al Pacto por la Sanidad. No es el único agente que se vería afectado por la batería de propuestas con las que la industria resalta la necesidad de “mantener las políticas redistributivas” en momentos de crisis. A la farmacia no les ha sentado muy bien la propuesta de Farmaindustria de “trasladar al pagador final en todo o en parte los descuentos que se practican a las oficinas de farmacia con los medicamentos genéricos”.

El director general de la patronal, Humberto Arnés, se presentó la semana pasada ante la Subcomisión de Estudio del Pacto Sanitario en el Congreso entre rumores de recortes al sector. Y lo primero que quiso dejar claro fue la necesidad de no hacer del Pacto un debate centrado en la sostenibilidad, ya que, en su opinión, la situación actual, muy marcada por la coyuntura, no es representativa de la realidad española a medio y largo plazo.

En su opinión, a pesar de la escasez crónica de recursos financieros de la sanidad española, existe también un consenso en torno a la existencia de un margen de mejora de la eficiencia en el SNS. “Eso no significa —añadió— que a medio plazo exista un problema estructural de sostenibilidad en nuestro sistema, más allá de tensiones financieras derivadas de la crisis económica y la baja dotación de recursos”.

Farmaindustria, en cambio, aboga por un pacto que garantice la cohesión, equidad y calidad del SNS y corrija, eso sí, “determinadas ineficiencias”. En este sentido, Arnés se refirió al crecimiento del gasto farmacéutico público, asegurando que no se trata de un problema de precios de los fármacos innovadores —“totalmente controlados mediante la política de fijación de precios para los nuevos productos y el sistema de precios de referencia”— sino que ocurre por el incremento del número de recetas debido desde a factores poblaciones “que escapan al alcance de los decisores políticos”, hasta cuestiones institucionales como las condiciones de la prestación farmacéutica. “En consecuencia, si se detectan ineficiencias a causa de un consumo excesivo, las soluciones pasarán por actuar sobre las variables que inciden en la cantidad demandada de recetas, pero no sobre los precios”, sentenció.

“Trasladar al pagador final en todo o en parte los descuentos que se practican a las oficinas de farmacia con los medicamentos genéricos” o revisar la regulación vigente del actual sistema de aportaciones del ciudadano “para aumentar la eficiencia en el consumo” son dos de las medidas que citó Arnés. La industria aboga por acompañarlas con campañas informativas y educativas, acciones que permitan mejorar la adherencia a los tratamientos y otras que hagan énfasis en la medicina preventiva.

Sin embargo, incluso corrigiendo estas ineficiencias, añadió, “seguirá siendo necesario aumentar la dotación de recursos financieros al sistema sanitario público en el corto plazo”.

La coparticipación del usuario no pudo llegar en un momento más oportuno. Albert Jovell, presidente del Foro Español de Pacientes, precedió a Humberto Arnés en la subcomisión. El día anterior había comparecido Francisca Sauquillo, presidenta del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU). Como era de esperar, el copago no estuvo en el discurso de los pacientes, que sí pusieron el énfasis en una gestión más eficiente y en su participación en el sistema.

En este sentido, Sauquillo denunció que el Consejo de Participación del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, en el que se dotaba de un representante de las organizaciones de consumidores y usuarios, “no ha sido convocado desde hace más de un año”. Sauquillo defendió además que este órgano de control y gestión de carácter informativo “debería tener un carácter más decisorio”.

En la misma línea se pronuncio Jovell, que reclamó una mayor sensibilidad democrática que promueva una mayor participación de las organizaciones de pacientes y usuarios en el Gobierno y en el diseño de las políticas públicas.

En otro punto están de acuerdo los dos representantes de los usuarios: la crisis económica no debe penalizar la calidad del Sistema Nacional de Salud. La presidenta del CCU, que trasladó la preocupación de los consumidores a “perder lo conseguido”, defendió las políticas sanitarias, no como un gasto, sino como inversión. El discurso de Jovell retomaba esta idea para apostar por que el sector sanitario no sea una víctima de la coyuntura económica, sino una de sus posibles soluciones.