El camino recorrido hasta ahora puede hacer pensar que hay brotes verdes para la evaluación económica en España. Hay un número importante de informes financiados por el ministerio que incorporan el coste-efectividad, si bien ninguno sobre fármacos, casi todos de tecnologías sanitarias. Pero las barreras continuarán mientras no haya una directriz política clara para la evaluación económica, según coincidieron en señalar los representantes de organizaciones sanitarias reunidos en la jornada del Grupo Contenidos.
“Indefinición e incertidumbre son las palabras. Y no hemos prosperado absolutamente nada. Sí que hay una Red, que es un avance, pero no es suficiente. Las barreras más importantes son de indefinición política en los más altos niveles políticos”, señaló Pedro Serrano, director de la Agencia de Evaluación del Servicio Canario de Salud. Con él coincidieron el economista Jaume Puig-Junoy y Olga Espallardo, directora de Health Economics, Services & Po-licies de Johnson & Johnson, que pidió que un compromiso político doble, que por un lado otorgue un peso vinculante, “o al menos en un porcentaje razonable” que permita a las empresas preparar la información sobre sus productos, y por otro establezca una diferencia entre el sector de la tecnología sanitaria y los medicamentos.
La búsqueda de modelos para incorporar tecnologías no es exclusiva de España. La mayoría de los países investigan en ello, máxime en un contexto de crisis. “Aquí el RDL siempre incluye la coletilla de productos sanitarios, y reivindicamos las diferencias dentro del sector como para hacer una simple transposición tal y como la que se plantea para productos farmacéuticos”, indicó Espallardo.
A su juicio, la asimilación de igualdad a este puede conllevar “problemas estratégicos para la Sanidad y para el mismo sector”, por lo que pidió que las diferencias se tengan en cuenta para establecer cualquier sistema o modelo de financiación. Asimismo, indicó que a la hora de evaluar la tecnología no solo se estudie el gasto que supone, sino también los beneficios para la salud obtenidos.
Tras la barrera política vienen todas las demás: administrativas, presupuestarias, culturales, financieras, técnico-metodológicas, de acceso a la información y de formación para la interpretación de los datos. Sobre algunas de ellas hizo énfasis José Francisco Soto, director gerente del Hospital Clínico San Carlos, de Madrid, al cuestionar si la eficiencia puede interpretarse hoy como algo positivo para las organizaciones.
A su juicio, la búsqueda de la eficiencia se acepta como discurso, pero no como valor de manera colectiva. “Está bien que se ajusten los gastos de las administraciones públicas y se disminuyan los gastos improductivos, pero que no me toquen a mí como empleado de la función pública. Está bien que quien más tenga más pague, pero en mi tramo no. Nadie sale a defender a la calle la racionalidad económica si le afecta a él”, dijo.
En esta línea, también abogó por incorporar los costes a la terminología del gasto. “Sabemos lo que pagamos, pero gasto y coste no son lo mismo. Solo si introducimos los costes hablaremos de eficiencia y podremos utilizar análisis de coste-beneficio”, indicó.
