“Venceréis pero no convenceréis”. Joan Baldomi, portavoz de Compromís, resumió con la famosa máxima de Miguel de Unamuno la jornada maratoniana que se vivió la pasada semana en el Congreso de los Diputados y que se saldó con la aprobación de los reales decretos-ley en Sanidad y Educación con la oposición unánime de todos los grupos parlamentarios y la negativa rotunda del Gobierno a tramitarlos como proyectos de ley. Los posibles visos de inconstitucionalidad de la reforma sanitaria que denuncia la oposición constituyen el único rescoldo al que esta se agarra para frenar los efectos de una medida blindada a las enmiendas.
Visos que, para algunos, son tan evidentes que les hacen augurar poco recorrido a la reforma sanitaria. Así lo creen Emilio Olabarria o Gaspar Llamazares, portavoces de Sanidad del grupo vasco y de IU en el Congreso, respectivamente. El primero aseguró que la “regresión” que supone reducir el carácter universal de la asistencia a una condición de asegurado “puede ser inconstitucional” y de hecho ve difícil que el real decreto-ley pueda superar ese filtro si los recursos se presentan.
Llamazares, por su parte, hizo énfasis en una “corrección de errores más allá de la legalidad”, que rebasa los meros cambios de redacción para modificar buena parte de lo decretado: un total de 73 correcciones a diez artículos. “A corrección de errores por línea”, resaltó el portavoz de IU. Durante dos días, esta formación ha intentado convencer a la ministra de que acudir a los reglamentos “no es la mejor vía de tocar derechos fundamentales”. “No es usted Romanones”, espetó a la ministra.
Modelo y copago
Estas palabras no hicieron mella en la titular de Sanidad. Ni siquiera ante la mención de algunos portavoces de cómo la tramitación les obligaba a debatir en hora y media un cambio radical del sistema sanitario, “después de un pleno estajanovista” y “valiéndose de la astenia de los diputados”.
Incapaces de resumir en pocos minutos su postura sobre la reforma, los grupos solo podían tender a reflexiones de trazo grueso, centradas en los asuntos más polémicos: en primer lugar, el cambio de modelo sanitario. Claramente los esfuerzos del ministerio por asegurar que este cambio es falso no funcionan y varios grupos hablaron incluso de xenofobia y peligro para la salud pública.
“Los inmigrantes no tendrán derecho a la vacuna si viene una pandemia de gripe. Si un español debuta con un caso de tuberculosis, desde la perspectiva médica hay que tratarlo, y tratar luego a su círculo de familiares y a su círculo de compañeros. Pero si ese español trabaja en un invernadero y entre sus compañeros hay inmigrantes irregulares que no están cubiertos por su decisión política, no tendrán cobertura y seguirán infectando a la comunidad y en la comunidad hay españoles. Demuestra su incompetencia como autoridad sanitaria, y en esto me acompañan las profesiones sanitarias”, recalcó Olmos.
Todas las razones de la oposición hicieron aguas, también en el otro gran frente abierto: el copago farmacéutico. Ni el tono más exaltado de Martínez Olmos, que depositó sobre la tribuna las cajas de nueve medicamentos de una jubilada de Guadix, mientras explicaba el coste que tendría para ella comprarlos, ni el moderado de la portavoz de Sanidad de CiU, Concepciò Tarruella, grupo que se mostró partidario del copago, aunque no de sus escalados. “No puede ser que personas con 18.000 euros hagan el mismo aporte que uno que gane 99.000. Además, no se distingue entre las familias que tienen un miembro discapacitado. De acuerdo en que ya había una desigualdad social. Pero la están arreglando con otra”, dijo.
Preguntas sin respuesta
La principal baza del Gobierno en su defensa de los recortes, la de que el sistema no es sostenible y necesita más eficiencia, tampoco es compartida por casi ningún grupo de la oposición, que sacó a relucir la opinión contraria de todo el sector sanitario, sumada a las opiniones negativa de varios académicos y organizaciones como Amnistía Internacional. En este sentido, UPN y BNG instaron al Ejecutivo a recortar en defensa o gastos policiales, dos partidas que en España se encuentran muy por encima del a media europea.
Tras la convalidación, varias preguntas no tienen aún respuesta. Los grupos siguen sin ver en el texto la cobertura universal de los mayores de 26 años que no hayan tenido oportunidad de trabajar y la de las mujeres separadas; la aportación reducida para pacientes crónicos y la cobertura a inmigrantes irregulares con Organizaciones no Gubernamentales.
Pese a la insistencia del grupo socialista, Sanidad no aseguró que los euros que entren en el sistema y los que se ahorren por recorte de prestaciones vayan a quedar en los presupuestos sanitarios de las comunidades. “Le espero aquí con más recortes, porque las medidas las hacen para conseguir la reducción del déficit, no para la alcanzar la sostenibilidad de la Sanidad”, señaló Martínez Olmos.
Los cambios publicados la semana pasada en el Boletín Oficial del Estado en torno al Real Decreto-ley 16/2012 de medidas urgentes para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y otros en camino han obligado a retrasar la celebración de la jornada “Reforma sanitaria del RDL 16/2012: ¿Cómo se adaptará a la sanidad autonómica?”, organizada por EG y Gaceta Médica en el Auditorio del Grupo Contenidos en Madrid, que estaba prevista inicialmente para el 21 de mayo.
Finalmente, el encuentro se producirá el 25 de junio. Ese día, portavoces de Sanidad de partidos políticos, consejeros de Sanidad y representantes del sector farmacéutico analizarán, a lo largo de dos mesas redondas, las medidas del Real Decreto-ley 16/2012 y su impacto en el Sistema Nacional de Salud, en particular sobre profesionales y proveedores. Además, evaluarán el grado de cohesión alcanzado entre las diferentes comunidades autónomas, así como el cumplimiento de los objetivos establecidos.