| miércoles, 06 de junio de 2012 h |

El consejero de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Luis Rosado, afirmó que las dos jornadas de cierre patronal convocados por los farmacéuticos de esta comunidad autónoma en protesta por los impagos “no se deberían de realizar”, ya que en el día de hoy cobrarán los primeros 120 millones de euros, correspondientes a la factura de enero, de los 480 que se les adeudan a las 2.200 farmacias de la Comunidad Valenciana. A este respecto, el consejero señaló que la intención de la consejería es que las farmacias recibiesen esta cantidad adeudada y sean conscientes del “esfuerzo que supone recopilar los 120 millones de euros para efectuar este pago”.

Por este motivo, Rosado consideró que no deberían realizar este cierre porque el “pago se va a realizar” y, en ese sentido, afirmó que “si a pesar de ello” los boticarios mantienen esta medida “creemos que es un trastorno para los ciudadanos sobreañadido porque se va a abandonar la cantidad tal como dijimos”. En cualquier caso, el consejero tranquilizó a los ciudadanos al asegurar que “no sufrirán ningún déficit” porque la sanidad pública valenciana “responderá a cualquier necesidad que pueda generarse durante este cierre patronal”.

Respuesta de Alicante

Las palabras del consejero fueron respondidas desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante, que recordó que las farmacias de esta comunidad “no han cobrado ni un solo euro de los medicamentos dispensados a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana desde el 1 de enero de 2012”. Asimismo, incidieron en que los 479 millones que se han pagado desde la Generalitat a las farmacias durante este año “corresponden a la deuda de 2011, que, para nuestra desgracia, aún llevábamos arrastrando a costa de nuestro propio endeudamiento”.

Por este motivo, y “para hacer frente a la brutal deuda” que tiene la Generalitat con las farmacias de la Comunidad Valenciana, desde el COF de Alicante se exigió establecer “un calendario de pagos real y asumible”. Y es que, según indicaron, de no solucionarse este problema “no podremos seguir proporcionando a la población un servicio farmacéutico de calidad y contribuir al sistema sanitario público español”.