PP y CiU presentan votos particulares al informe de la Subcomisión del Pacto
CiU pide debatir otras formas de copago. El PP, un nuevo modelo de financiación
carlos b. rodríguez
Madrid
El PP ya lo dejó claro después del Consejo Interterritorial del 18 de marzo: la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud no necesita un paliativo de 1.500 millones de euros, sino una reforma integral. Y con ello ha respondido a las críticas que hace dos semanas le acusaban de haber rechazado, sin presentar alternativas, el consenso en la Subcomisión del Pacto sanitario. Llegado el momento de la verdad, el Grupo Popular presentó un voto particular en la votación del informe del presidente de la Subcomisión, Gaspar Llamazares. Lo mismo hizo CiU. Entre las causas que pusieron fin al acuerdo, la financiación del SNS —y dentro de ella el debate del copago—, es el principal obstáculo de un pacto que la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, aún ve posible.
Así lo dijo la semana pasada Jiménez, tras presidir la firma de un convenio entre la Organización Médica Colegial y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria: el Pacto por la Sanidad no está roto; hay margen de acuerdo. El ministerio vuelve a remitir a la ‘hoja de ruta’ diseñada el 18 de marzo para que se busquen vías para retomar el diálogo, con una excepción. Consciente de que la financiación es el elemento que genera mayores tensiones, la ministra descartó la posibilidad de un impuesto finalista para costear la Sanidad, tal y como contempla el informe definitivo de la Subcomisión. El céntimo sanitario ya le ha costado a España un dictamen de Bruselas.
El PSOE también empieza a creer que hay posibilidades de encontrar esa vía de la que habla el ministerio. Su portavoz de Sanidad en la Cámara Baja, Isabel Pozuelo, cree que, con los votos particulares, la Comisión de Sanidad podrá trabajar lo queda de legislatura para impulsar un pacto mediante una proposición no de ley u otra iniciativa.
Con uñas y dientes
Las buenas palabras se extienden a los dos grupos que han presentado esos votos particulares. CiU dice mantener una actitud dialogante y tiende la mano para continuar con la negociación en la Comisión de Sanidad. Lo mismo dice el PP. Pero el ofrecimiento conllevaría cesiones, y algunas de ellas son muy difíciles de asumir para otros grupos. Lo dejó claro Llamazares, que la semana pasada hizo un llamamiento explícito a sindicatos, profesionales sanitarios y ciudadanos para “estar atentos y defender con uñas y dientes el futuro de la Sanidad pública”.
Entre los temas que “pueden estar en peligro”, Llamazares mencionó la universalización del SNS, el freno a su privatización o el firme rechazo al copago. En este sentido, no sólo acusó a CiU y PP de alentar dichos cambios, sino también al Gobierno por su “indefinición, ambigüedad e incapacidad” para defender este servicio público y alcanzar un verdadero acuerdo estatal más allá de “pactos tácitos y de gestión”.
Copago
Lo cierto es que, para CiU, el punto relativo al copago en el informe de la Subcomisión se queda corto. La primera de las conclusiones de su voto particular, de hecho, solicita “estudiar la modificación del actual copago farmacéutico, así como otras posibles formas de copago”, algo que el informe excluía explícitamente.
Otro escollo en las propuestas de CiU puede ser el que ya propuso en si día la consejera de Cataluña, Marina Geli, para introducir bonificaciones fiscales para aquellos usuarios que, dentro de sus capacidades y posibilidades, utilicen los servicios de las mutuas o aseguradoras sanitarias y la medicina privada.
La reforma del Fondo de Cohesión (algo que piden casi todos los grupos), la creación de una agencia independiente que evalúe la calidad del SNS y otra que haga lo mismo con las tecnologías o el estudio de un nuevo tratamiento del IVA en el sector socio-sanitario, son otras de las aportaciones de CiU al informe.
Reforma integral
Por su parte, el voto particular del PP se presenta con el objetivo de que el acuerdo incluya un nuevo modelo de financiación, así como iniciativas urgentes para hacer frente a su deuda, que cifra en 12.000 millones de euros. Y para evitar futuros agujeros, se inclina también por dejar a las comunidades autónomas participar en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado en materia de sanidad.
La financiación sólo es una pata de la reforma integral que pide el PP, que reclama igualmente una reforma de la organización sanitaria centrada en el paciente; el desarrollo de la LOPS o la priorización de la I+D biomédica mediante el retorno del Carlos III al Ministerio de Sanidad.
Con la subcomisión cerrada, ahora sólo queda esperar a los debates en Comisión y ver si su resultado acabará afectado, como vaticina IU, los acuerdos del Interterritorial y convierten en flor de un día el consenso entre el ministerio y los gobiernos autonómicos.
