Unas declaraciones del secretario general de Sanidad, en las que indicó que “no se debe pedir nada” por la AF, reavivan el debate
El sector coincide en que hay prácticas exigibles a las farmacias pero otras, como el seguimiento farmacoterapéutico, “sí deben retribuirse”
alberto cornejo
Madrid
Si la posibilidad de remunerar la Atención Farmacéutica (AF) era un debate ya candente en el sector, las recientes palabras durante su intervención en una conferencia en Zaragoza el pasado 30 de septiembre del secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, donde apuntó que “las funciones de valor cognitivo que la ley exige al farmacéutico comunitario son un plus de calidad que la farmacia puede ofrecer y, por tanto, no se debe pedir remuneración por ello”, ha sido una chispa que ha reavivado la polémica.
Un debate que está candente, más si cabe cuando la elaboración de un Plan Nacional de Atención Farmacéutica está a la vista. Un plan que, tras conocerse la negativa por parte del Ministerio de Sanidad para retribuir estos servicios, puede empezar con mal pie. En este sentido, expertos y defensores de esta práctica habían visto en este nuevo documento un “ahora o nunca” para que se plasmase por fin en negro sobre blanco estas remuneraciones.
“Martínez Olmos dice que no debemos pedir la remuneración. Pues bien, no sólo creo que la profesión farmacéutica debe pedirla sino que considero que estamos en nuestro derecho”, indicó a EG el presidente de un colegio farmacéutico provincial que consideró que debía ser el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos quien emitiese la opinión oficial del colectivo al respecto al ser el organismo que debe consensuar con Sanidad el plan. Sin embargo, por el momento el Consejo no quiso valorar las palabras de Martínez Olmos ni cualquier iniciativa hasta que arranque el plan de trabajo.
En cambio, las opiniones de este dirigente, excepciones al margen, no van muy desencaminadas de la valoración del sector. Muestra de ello es la opinión de uno de los mayores expertos en AF en España, el profesional sevillano Manuel Machuca, que se mostró muy crítico por lo que considera “desconocimiento del verdadero alcance de la AF”.
También es el caso de la presidenta de la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria (Sefac), María Jesús Rodríguez, que a pesar de señalar que estaba “de acuerdo con Martínez Olmos respecto a que ciertas prácticas integradas en el concepto de AF deben ser exigibles a la farmacia per se, como es el caso de la dispensación activa, al ser un plus de calidad”, no tenía la misma opinión respecto a “otras prácticas reconocidas en el Documento de Consenso en AF, firmado en 2001, como puede ser el seguimiento farmacoterapéutico (SFT), que sí deben estar remuneradas”.
Dos son los argumentos que esgrime Rodríguez para justificar esta necesidad de remuneración. Por un lado, alude al agravio comparativo que podría suponer dejar fuera de la retribución al SFT en comparativa con otros servicios ofrecidos en las farmacias por los que el profesional sí recibe compensación económica. “Para la profesión puede ser difícil entender por qué se remuneran servicios añadidos como los test rápidos del VIH o la dispensación de metadona y otras actuaciones en beneficio del conjunto de pacientes no”, indica.
Por otro lado, apunta otro motivo, relacionado con la formación del profesional. Así, considera que “realizar un adecuado SFT exige un esfuerzo laboral y económico que debe compensarse”. La remuneración nunca debería ser la causa principal que animase al farmacéutico a ampliar sus capacidades en este campo, pero sí sería un plus añadido para la implicación de todo el colectivo.
También existen las opiniones que resaltan que dicha petición debe ser vista como un intento de equiparar al farmacéutico español con los profesionales de otros países. En este sentido, María José Faus, directora del Grupo de Investigación en AF de la Universidad de Granada y cabeza visible de numerosos estudios relacionados con este campo, indica que “si se menciona o incluye la remuneración en este plan no estaríamos inventando nada nuevo”. Simplemente, prosigue, “se estaría haciendo lo que ya se hace en numerosos países”. Así, concluye que “si no todos, sí hay que remunerar ciertos servicios de AF”.
El ejemplo autonómico
El futuro Plan Nacional de AF, si quiere plantearse la remuneración, tiene en algunas iniciativas relacionadas con el SFT puestas en marcha en algunas comunidades autónomas el espejo en el que mirarse. Un ejemplo sería el programa que arrancó en 2008 en el País Vasco de optimización y control del uso de la medicación en pacientes adscritos al Servicio de Ayuda al Domicilio desde las farmacias, por el que cada botica participante recibe una compensación de unos 30 euros por paciente atendido (según horas dedicadas a la atención o número de blíster personalizados preparados).
Un proyecto prácticamente idéntico se ha pilotado en Orense durante meses (ver EG núm. 415), y cuyos resultados están pendientes de ser analizados. Desde el COF orensano ya se señaló en el origen de la prueba que, si bien en el piloto no se incluía la remuneración a los participantes, si el programa se acababa implantado en toda la provincia había un acuerdo con la Administración para que fuese remunerado.
Discrepancias al margen con las posibles formas para crearlo, todo el sector reconoce estar de acuerdo con el fondo: la necesidad de crear un Plan Nacional de AF. En este sentido, se valora especialmente que se trate de una iniciativa “que cuenta con el aval de las dos organizaciones más influyentes para la farmacia: el Ministerio de Sanidad y el Consejo”, señala Rodríguez. Una opinión que hace suya Faus: “Es una gran iniciativa, sobre todo al estar liderada por estas dos instituciones”.
Ambas consideran que, si se liman estas asperezas que pueden surgir y se elabora según las necesidades reales de esta práctica asistencial, “bien podría ser uno de los impulsos definitivos para el desarrollo de la AF”.
