Únicamente una veintena de los más de 70 centros penitenciarios que hay en España dispone de un profesional farmacéutico
La adquisición, suministro y dispensación de los fármacos en las cárceles española no siempre corre a cargo de estos profesionales
LUCÍA GALLARDO
Barcelona
La prestación farmacéutica en las prisiones españolas adolece de un desarrollo reglamentario, de modo que la adquisición, suministro y dispensación de medicamentos en los distintos centros se realiza de forma dispar y sin el control adecuado. A falta de éste se pueden dar situaciones como la protagonizada por la cárcel de Córdoba, donde un médico ha sido denunciado por la presunta compra medicamentos a un laboratorio a cambio de dinero. La Dirección General de Instituciones Penitenciarias intenta averiguar el motivo del aumento inusual en la adquisición de los fármacos en esta prisión, aunque fuentes de instituciones penitenciarias aclaran que únicamente se trata de una investigación interna, no judicial.
Para Gloria Hervás, del Servicio de Farmacia de la prisión de Granada, uno de los pocos que existen en las cárceles españolas, este caso, aunque finalmente se demuestre falso, desprestigia la importante labor que realizan los profesionales que trabajan en los centros penitenciarios. En su opinión, el vacío legal en el que se encuentra la farmacia penitenciaria y el desconocimiento sobre la misma provocan una indefensión hacia los profesionales que se dedican a realizar esta labor.
En la actualidad, las farmacias españolas, siendo las de Cataluña un caso aparte por tener transferidas las competencias en este terreno, adquieren los medicamentos a través de diferentes vías. Una de ellas, lo que equivale al 60 por ciento de los fármacos, está centralizada en la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Los pedidos se realizan una vez al mes y los medicamentos demandados son para enfermedades como el VIH-sida, la hepatitis C o antipsicóticos. En cuanto a la adquisición del resto, cada centro lo tiene organizado a su manera, ya sea a través de los hospitales, las oficinas de farmacia, distribuidoras o laboratorios.
Sin farmacéutico
¿Quién realiza estos pedidos? Y, más allá, ¿quién se encarga de ofrecer una Atención Farmacéutica a los pacientes? En la mayoría de ocasiones, personal no farmacéutico, puesto que en las más de las 70 cárceles dependientes del Estado, sólo una veintena tienen un farmacéutico. Un profesional que accede a ese puesto tras superar una oposición.
Y esto a pesar de que la propia legislación prevé que el control de los medicamentos esté bajo la supervisión de un farmacéutico, algo que no se cumple. “Habría que instar a los organismos competentes a que desarrollen reglamentariamente la organización y condiciones de funcionamiento de los servicios farmacéuticos en prisiones”, señala Hervás.
A este respecto se pronuncia el presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, Julio García Guerrero, que también hace referencia a la variabilidad en la adquisición y suministro de medicamentos en los centros penitenciarios, afirmando que lo deseable sería que hubiera un farmacéutico en cada uno de ellos para dotar de eficiencia al sistema.
Considera que los representantes farmacéuticos deberían apoyar a la farmacia penitenciaria, “como así lo hizo la farmacia hospitalaria cuando defendió a la farmacia de los centros privados”. En cuanto al apoyo de los colegios profesionales, cree que también es escaso y que desconocen la realidad de la farmacia de prisiones.
Para García Guerrero, aunque cree que el nivel de calidad de estos servicios es el adecuado, el problema es que este ámbito de la sanidad no está integrado en el Sistema Nacional de Salud, sino que se mantiene en un plano paralelo. “La única forma de que la Sanidad penitenciaria mejore es que pertenezca a los servicios de salud de las distintas comunidades autónomas”, afirma.
La farmacia penitenciaria está olvidada a pesar de que el trabajo en una prisión puede resultar muy atractivo para un farmacéutico. Aparte del desarrollo de la Atención Farmacéutica, en estos centros el farmacéutico puede llevar a cabo estudios epidemiológicos, de seguimiento y adherencia al tratamiento. La labor de información de este profesional y su integración en el equipo sanitario también es muy enriquecedora para su carrera. Además, la accesibilidad al historial del paciente y el contacto con el médico y el propio paciente, que tiene el lugar de residencia a escasos metros, hacen que el flujo de información sea más fluido, según explica la farmacéutica de la prisión de Granada.
Programas de sustitutivos a opiáceos, de prevención, control y tratamiento de la tuberculosis, infección por VIH o hepatitis son comunes en estos centros. Y es que la tipología de los pacientes de las prisiones, el 70 por ciento de los cuales es toxicómano, y las particularidades de problemas de salud, también conceden interés al ámbito penitenciario. Para esta población, el periodo de reclusión puede ser decisivo para su salud, puesto que están expuestos a mayores riesgos, pero en la otra cara de la moneda se encuentra que, para muchos, es el periodo de la vida en que mejor diagnosticados y tratados están, como apunta García Guerrero.
El consumo de medicamentos pone de manifiesto la diferencia de los problemas de salud entre la población general y la reclusa. Esta última tiene un elevado gasto en psicotropos y antidepresivos, así como benzodiazepinas o antirretrovirales, explica García Guerrero.
