El curso que se acaba de cerrar ha sido uno de los más duros que han vivido las farmacias españolas. Un periodo de tiempo marcado por los ajustes en forma de recortes llevados a cabo por las diferentes administraciones del Estado y, sobre todo, por los impagos que se han producido en algunas autonomías, con especial relevancia en la Comunidad Valenciana.
Pero si hay algo que ha caracterizado este periodo han sido los reales decreto-ley que han influido, de una u otra forma, en el sector. En este sentido, la aprobación el 19 de agosto del RDL 9/2011, cuyo embrión se gestó en el Consejo Interterritorial del 21 de julio y que tenía como objetivo ahorrar 2.400 millones de euros anuales, más otros 167 millones en la aportación de los ciudadanos, dio el ‘pistoletazo’ de salida a una cascada de reales decretos-ley que concluyó el 13 de julio con la aprobación del RDL 21/2012 de medidas de liquidez de las administraciones públicas.
El RDL 9/2011 modificó el artículo 85 de la Ley de Garantías y estableció la obligación de dispensar por principio activo, lo que ofrecía al farmacéutico un mayor margen de maniobra a la hora de gestionar su negocio. Así, establecía que se debía dispensar el medicamento de menor precio, incluso la marca si es que la prescripción se hubiese identificado la misma.
Además de estas medidas, el RDL 9/2011 también recogía la aplicación de una deducción del 15 por ciento a los fármacos que por carecer de genérico o biosimilar en España no se han incorporado al SPR; un sistema de compensación para las farmacias ubicadas en núcleos pequeños de población, aislados o socialmente deprimidos; y se puso como fecha límite el 1 de enero de 2013 para que estuviesen en funcionamiento la historia clínica digital y la e-receta.
Sin embargo, este no ha sido el único real decreto-ley que ha afectado directamente a las farmacias en este curso. Así, el RDL 12/2012 recogió la reducción del fondo de comercio, un cambio legislativo que, durante dos ejercicios, acababa prácticamente con las amortizaciones para las boticas. Eso sí, tras la publicación del RDL 20/2012 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, los farmacéuticos, como contribuyentes del IRPF, quedaron fuera de la limitación.
El RDL 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, que entró en vigor el 20 de abril, fue el que mayores cambios conllevó al sector. Así, en sus seis capítulos, incluía la modificación del copago; establecía una nueva escala de deducciones, más perjudicial para las farmacias de mayor facturación y más beneficiosa para las de menor (aunque se derogó esta modificación a través del RDL 19/2012, que dejó vigente la comprendida en el RDL 9/2011); estableció el sistema del precio más bajo con la aplicación de bajadas voluntarias; establecía una cartera común básica y complementaria de servicios…
A pesar de parecer que se trataba de un real decreto-ley inocuo para la botica, desde Antares Consulting y Cofares se precisó que aunque el efecto económico directo no era muy elevado, sí provocaría que se incrementase el número de boticas en situación de Viabilidad Económica Comprometida (VEC) hasta alcanzar las 2.800. Además, cabe señalar que el establecimiento de un escaso y en un principio confuso periodo de convivencia a la hora de aplicar las bajadas voluntarias, tanto para las farmacias como para la distribución, dificulta la movilidad del stock. Un dato: las distribuidoras precisaron que en el primer mes de aplicación perdieron cinco millones de euros por la depreciación de su stock, al tiempo que se produjo algún desabastecimiento.
Las dos últimas medidas legislativas adoptadas a golpe de real decreto-ley en este curso han sido el RDL 20/2012, que en lo que respecta a las boticas recuperó el fondo de comercio e incrementó el recargo de equivalencia. Además, los boticarios, como el resto de españoles, también se vieron afectados por el aumento en la retención del IRPF. Por otro lado, el RDL 21/2012 creó un mecanismo de apoyo a la liquidez a las comunidades para hacer frente a los vencimientos de la deuda que tienen contraída, entre ellos los impagos a las farmacias.
Impagos, ICO, tasa, subastas…
Precisamente, los impagos han sido el gran caballo de batalla de las farmacias en este curso. Unos impagos por parte de las administraciones autonómicas que se cebaron de manera especial en las farmacias de la Comunidad de Valencia pero que también han afectado en algún momento a otras regiones: Murcia, Castilla-La Mancha, Cataluña, Baleares, Navarra, La Rioja, Cantabria, Canarias… Unos impagos que incluso han provocado cierres patronales en Castilla-La Mancha y en la Comunidad Valenciana.
A este respecto, cabe destacar que el Gobierno central impulsó un mecanismo extraordinario de financiación, a través del RDL 4/2012, para que las comunidades saldasen las deudas con sus proveedores a través de los ICO. Una herramienta que se aplicaba a las facturas pendientes de 2011, que logró que, por ejemplo, tanto Castilla-La Mancha como Baleares cobrasen las facturas impagadas del año anterior.
Además de los impagos, ha habido otros asuntos que durante este curso han preocupado a las boticas. Este es el caso, por ejemplo, de la aplicación del nuevo copago establecido en el RDL 16/2012, que arrancó el 1 de julio con algún que otro problema. En el caso de Cataluña, por ejemplo, la situación se complicaba aún más por la aplicación de la tasa por receta que entró en vigor el 23 de junio, aunque la Generalitat ‘aplazó’ la implantación del copago hasta agosto.
Por otro lado, los farmacéuticos andaluces se han visto afectados por el tira y afloja entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía a raíz de las subastas de medicamentos en Andalucía, aprobadas en diciembre de 2011. Una ‘guerra’ en la que, con el Tribunal Constitucional de por medio, la Junta de Andalucía ha ganado la primera batalla al levantarse el pasado 16 de julio la suspensión cautelar que pesaba sobre ellas.