Ramiro Navarro
Granada
España no cuenta con un procedimiento establecido para la recuperación o reintegro de los gastos correspondientes a la expedición de productos farmacéuticos. Los reembolsos por este concepto simplemente no se producen porque no se realiza la facturación correspondiente. Teniendo en cuenta que España es el único país comunitario que no contempla, con carácter general, el copago para los pensionistas, “el peligro de abuso y fraude puede ser muy grande, máxime teniendo en cuenta que los Estados que aseguran a estos pensionistas, ante la ausencia de facturación por parte de España, carecen de datos e información para luchar contra estas prácticas incorrectas”, explicó Carlos García de Cortazar, consejero coordinador de Trabajo y Asuntos Sociales de la Representación Permanente de España ante la UE.
Durante su intervención en el III Foro sobre Políticas de Salud en la Unión Europea, organizado por el Observatorio Europeo de Salud de la Escuela Andaluza de Salud Pública, perteneciente a la Consejería de Salud, puso de manifiesto la necesidad de priorizar este asunto en la necesaria mejora de los procesos de facturación a países miembros la asistencia sanitaria que prestan las comunidades autónomas a turistas y residentes extranjeros no empadronados. Los participantes en el foro mostraron algunas de las situaciones provocadas por esta laguna. Así, existen casos de grupos de turistas en excursiones organizadas que van de consultorio en consultorio recogiendo recetas que luego, al manifestar su condición de jubilado, reciben por coste cero. Ese gasto nunca es reembolsable para España.
Por tanto, uno de los mensajes que quisieron trasladar los participantes del foro es que “la facturación de los productos farmacéuticos debe ser considerada como una prioridad máxima, para evitar fraudes y abusos”. Las recetas electrónicas, la identificación correcta de pacientes y usuarios de las recetas, la colaboración del personal de farmacia o bien la imputación del gasto farmacéutico al coste medio de los servicios sanitarios, pueden ser fórmulas para evitar este agujero negro, que está suponiendo pérdidas cuantiosas.
En este sentido, los participantes señalaron que debería avanzarse a nivel europeo en una tarjeta electrónica que contuviese, dentro del marco de protección de datos, informaciones que sirvieran para el reconocimiento del derecho y para facilitar los tratamientos necesarios y agilizar y simplificar los reintegros de gastos.
Efecto llamada
Lejos de la prejuiciosa acepción de este término en relación a políticas de empleo, el foro sirvió para destacar la ingente cantidad de ciudadanos, especialmente ingleses, alemanes y franceses, que utilizan permanentemente el sistema sanitario español. España recibe un flujo turístico de 60 millones de personas y cuenta con un número desconocido de jubilados con una segunda residencia que nunca llegan a empadronarse. “Se les presta asistencia sanitaria, pero no facturamos. No cobramos luego a sus países de origen la asistencia que hemos prestado”, explicó García de Cortazar.
Los problemas para identificar a pacientes, falta de tarjetas, escasa flexibilidad o eficacia entre comunidades para coordinarse con el Instituto Nacional de la seguridad Social, son algunas de las claves del problema. De hecho, las comunidades que han desarrollado o mejorado sus herramientas en este proceso han conseguido mejorar sus resultados.
Un ejemplo de ello es la situación de la Comunidad Valenciana, que ha multiplicado por cinco sus ingresos en los últimos años, según puso de manifiesto Carmen Aguado, jefe de Servicio de Análisis y Costes de la Consejería de Sanidad de la Generalitat Valenciana. Las comunidades autónomas pasan sus facturas al Sistema Nacional de Salud, que se encarga de realizar facturaciones de origen a los países vecinos.
Por su parte, Teresa López, responsable del Área Internacional de la Subdirección General de Gestión de Prestaciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social y encargada de recoger las facturas de las 17 comunidades y facturar al resto de países, consideró vital tener los registros informatizados y hacerlos interoperables con sus semejantes.
Como conocedora de la relación de España en el exterior afirma que le da “mucha vergüenza” que, cuando hacen el ranking de los países acreedores, seamos los primeros. “Somos el país más generoso de Europa con la gente más rica. Enriquecemos más al que ya tiene”, manifestó.
Carencia de datos
No existen datos fidedignos sobre el número de residentes extranjeros no registrados que reciben prestaciones de asistencia sanitaria a través de nuestro sistema de salud. Así, según López, “los 125.000 residentes oficiales suponen un cobro de unos 300 millones de euros para las arcas estatales y podría haber un millón de residentes no declarados. Hay que estudiarlo, pues supondría un ingreso aproximado de 2.500 millones más al año”.
En este sentido, cabe destacar que la mayoría de los turistas residentes que recibe España proceden de Reino Unido, Alemania o Francia. “La situación es reversible siempre que se genere una sensibilización política que dé paso a considerar como prioritaria la necesidad de facturación adecuada y a considerar esencial este punto para la correcta financiación de los servicios de salud”, comentó Inés García Sánchez, directora del Observatorio de Salud Europeo en la lectura de las conclusiones del foro.
