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Poco se conoce aún de la estrategia del Ejecutivo sobre RSC. En esta ocasión han sido los sindicatos Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CC.OO.) los que han reclamado la convocatoria de forma inmediata de la Comisión Permanente y el Pleno del Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (Cerse) para que el Gobierno dé pistas. Ambas organizaciones denuncian que, tras más de seis meses de la toma de posesión, “el Ejecutivo todavía no ha hecho ninguna indicación sobre sus intenciones en materia de Responsabilidad Social de las Empresas ni sobre sus criterios de funcionamiento de Consejo Estatal de RSE”.
Tanto CC.OO. como UGT consideran que “esta actitud esconde la voluntad de corregir y empeorar la Ley de Economía Sostenible”. En este sentido, recuerdan que el artículo 39 de la citada ley y su cuerpo dispositivo avanzan muy significativamente en las actuaciones básicas de la RSE, desarrollando temas de suma importancia.
Entre ellas, se señala al Cerse como el ámbito donde definir criterios de homogeneización en materia de elaboración y autoevaluación de las memorias de sostenibilidad, definición de una serie de indicadores para ajustar los objetivos de transparencia, buen gobierno, compromiso social y con el medio ambiente; se orienta en cómo realizar los informes, la necesidad de su verificación y si han de ser verificados por terceros y se recuerda que las empresas de más de mil trabajadores que realicen memorias de RSE, deberán comunicarlo al Cerse para realizar el oportuno seguimiento. Asimismo, cabe destacar la difusión de políticas de inversión socialmente responsables de los fondos de pensiones, en las que el impulso del consejo ha tenido un papel muy importante.
Sobre la ley
La Ley de Economía Sostenible fue apoyada por la inmensa mayoría de los partidos parlamentarios. La dificultad estriba en que la aprobación de dicha ley fue llevada a cabo por el Ministerio de Economía y debe ser desarrollada, en parte, por el Ministerio de Empleo, un conflicto de competencias que “no puede ser excusa para bloquear cualquier tipo de desarrollo de las RSE”. Los sindicatos acusan a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) del bloqueo del Cerse, ya que continuamente es cuestionado por su supuesta ineficacia y se obvia que buena parte de la falta de actividad es de “su exclusiva responsabilidad al negarse a participar en uno de los grupos de trabajo y abandonar otro, sin haber sido impugnado por ello”. Todo ello ocasiona para las formaciones sindicales “retrasos injustificables que deterioran el funcionamiento del Cerse y el diálogo social, tan necesario en estos tiempos de crisis”.
Asimismo, se señala que el ejercicio de la RSE es fundamental para el buen gobierno de las empresas y debe ser clave en la salida de la crisis. Por ello consideran de vital importancia continuar con los trabajos iniciados en el Cerse, como objetivo inmediato y “desarrollar sus cometidos futuros en una estrategia a medio plazo”.
“El Cerse debe ser el ámbito donde definir criterios de homogeneización en materia de elaboración y evaluación de memorias de sostenibilidad”
