El proyecto de Real Decreto sobre Distribución de Medicamentos de Uso Humano ha caído como una bomba dentro de las distribuidoras de medicamentos que operan en España. Y es que, una de las reivindicaciones históricas de los almacenes mayoristas, que se les garantice el derecho a suministro por parte de los laboratorios farmacéuticos, desapareció de este proyecto con respecto al que se publicó en julio de 2011. La patronal de la distribución de medicamentos, Fedifar, presentará sus alegaciones pero, ¿qué podría pasar si este derecho a suministro no se recoge negro sobre blanco?
El proyecto se encuentra en trámite de audiencia, por lo que está pendiente de recibir las matizaciones y alegaciones del sector. Eso sí, muchos representantes del mismo ya se han pronunciado sobre las consecuencias que puede tener el hecho de que no se reconozca el suministro. A este respecto, Martín Pérez, director general de Cofares, considera que no reconocer este derecho “pone al sector en una posición de extrema debilidad, ya que será complicado que cumplamos nuestra obligación de suministrar si no tenemos el mismo derecho”. Y es que, para él, el que este derecho haya ‘desaparecido’ en el nuevo proyecto de real decreto pone de manifiesto que “lo que se vislumbra en última instancia es que no tienen en cuenta el valor añadido de la distribución”.
Por su parte, Antonio Mingorance, presidente de Farmanova, cree que el que no se reconozca de manera explícita este derecho “es una mala noticia, porque es una de las piedras angulares del actual modelo farmacéutico y sin él será difícil poder garantizar el acceso de todos los ciudadanos y en idénticas condiciones a todos los medicamentos”. En este sentido, Stefano Dessena, director general de Alliance Healthcare, cree que “es un derecho del paciente, incluido en la Ley de Garantías, que todavía no ha sido desarrollado y que se debe preservar”.
¿Se puede retornar a la situación de junio de 2005, cuando se estableció el sistema de doble precio? Según Dessena, la situación actual es la que se deriva de 2005, “porque los sistemas de doble precio continúan vigentes”. Sobre este particular, Pérez cree que “no solo se podrían establecer requisitos de precio, sino cualquier tipo de requisito: cantidad, frecuencia, máximos, mínimos, ventas cruzadas, territorialidad, exclusión…”. Y es que, según él, el que no se reconozca el derecho al suministro podría provocar que la industria “vete el suministro cuando quisiera y a quien quisiera, e incluso se utilice como arma negociadora, abandonar el proceso de negociación actual por un proceso de decisión unilateral”.
Sin embargo, para Mingorance hay un hecho que impediría regresar a esa situación. “Actualmente la industria farmacéutica tiene muy claro el papel fundamental de la distribución farmacéutica y no creo que en la situación actual se planteen los grandes laboratorios la posibilidad del suministro directo a las farmacias”. Una postura que Dessena confía en que se produzca porque “la colaboración entre partners sólidos es actualmente el único camino hacia el éxito”.
Distribución selectiva
Pese a ello, dada la situación actual, en la que casi el 45 por ciento de las líneas de distribución se hacen a pérdidas, ¿el suministro directo de medicamentos ‘rentables’ por parte de la industria permitiría subsistir a la distribución? “No sería sostenible, provocaría una situación caótica al no llegar todos los medicamentos a todos los puntos”, reconoce Mingorance.
La misma opinión tiene Dessena, quien también considera que “no es viable porque la distribución funciona como una suma de actuaciones, unas rentables y otras no tanto, y es viable si la suma de ambas es positiva, si no, el sistema se vuelve insostenible”. Pese a ello, Pérez cree que sin la garantía de suministro a los distribuidores se podría forzar un canal alternativo a voluntad, según el interés económico o táctico, una tendencia que ya se da en otros lugares”.
Reorganización del mercado
Por otro lado, cabe destacar que los posibles ‘vetos’ que se derivasen de esta ausencia de obligación por parte de la industria de suministrar a los almacenes mayoristas supondrían una reorganización del mercado. Un mercado del que desaparecerían todas aquellas distribuidoras ‘vetadas’.
“Evidentemente, si hubiera vetos se producirían esos efectos. Además, ya hay empresas con dificultades económicas”, afirma Dessena. Algo con lo que coincide Pérez, quien precisa que no solo las compañías más pequeñas estarían en peligro. “Pueden ahogar a todas, aunque, lógicamente, será más grave cuanto menos relevante en términos de mercado sea la distribuidora”, manifiesta. Por ello, piensa que la clave se encontraría “en una legislación adecuada”.
Por su parte, Mingorance también es consciente de que “a la compañía que se ‘vete’ tendrá los días contados”. Eso sí, el presidente del grupo cooperativo Farmanova piensa que “los mayoristas de gama completa no serían nunca objetivo de esa estrategia de veto”.
