En un contexto de crisis económica, existe una fina barrera que separa una oportunidad estratégica de una amenaza. Bajo esta premisa se mueve actualmente el gran interrogante que presenta la Red de Agencias de Evaluación Económica: es importante trasladar de forma efectiva a la toma de decisiones el ingente trabajo realizado hasta la fecha en esta materia, pero hay que evitar que esa toma de decisiones se adopte exclusivamente por razones de dificultad económica.
Inmerso en el proceso de definición de cuáles serán las reglas del juego de esta estructura, el Ministerio de Sanidad ya dispone de las claves necesarias para evitar que tales amenazas se materialicen y terminen por generar barreras de acceso que pueden condicionar la imagen del SNS, dentro y fuera de España. Las claves las ofrecieron los asistentes a la jornada “El papel de las Agencias de Evaluación de Tecnología Sanitaria tras el RDL 16/2012”, organizada el pasado 1 de octubre por el Grupo Contenidos y que contó con la colaboración de Merck, Johnson & Johnson, Ispor y AstraZeneca.
Amenazas
El objetivo general de la Red de Agencias está claro. Será, tal y como recordó Sonia García, subdirectora de Calidad y Cohesión del Ministerio de Sanidad, “asesorar en la toma de decisiones relativas a la incorporación, la desinversión y el uso apropiado de las tecnologías sanitarias con la finalidad de promover la equidad y sostenibilidad del SNS”.
Se han creado ya cinco grupos de trabajo que pretenden ahondar en el formato de los informes de evaluación de tecnologías; el formato de los informes sobre evaluación de tecnologías de Farmacia; el formulario de solicitud de informes; el procedimiento común de la gestión de la revisión externa y sobre procedimientos comunes de trabajo. Aparentemente, ninguno de ellos daría respuesta al que, según José Martínez Olmos, portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso, es el gran riesgo de la iniciativa: que la dificultad de disponer recursos retrase la incorporación de prestaciones o incluso plantee la exclusión de alguna. Asimismo, añadió que en este momento hay una sensación de que “es la situación económica” la que está reordenando la cartera.
Erradicar las dudas del sector pasa también por otro punto que aún no está claro: cuál será el carácter de los informes de evaluación. La posibilidad de que no sean vinculantes suponen un varapalo para el objetivo de predictibilidad que demanda el sector farmacéutico. García aseguró que la toma de decisiones se hará a través de la Red de Prestaciones, aunque matizó que a la hora de definir un manual metodológico común, se estudiarán todos los interrogantes que se planteen.
Esos trabajos implicarán también mirar lo que se está haciendo fuera de España, una necesidad en la que Martínez Olmos está de acuerdo. Para que la red sea una oportunidad, conviene que sus reglas del juego “no sean distintas a las del resto de Europa”. Al mismo tiempo, el ex secretario general de Sanidad apuesta por trasladar el debate a todas las sociedades científicas y profesionales, con un acento especial en la formación de quienes tendrán que aplicar en la práctica clínica las decisiones de la red y en la necesidad de buscar un cambio en la manera de financiar las decisiones, que al mismo tiempo debe estar sometido a una evaluación continua: “Dado que la crisis condiciona las decisiones, seguir con esquemas del pasado generará desigualdades por razones económicas”, aseguró.
