La Comisión Europea ha concedido a España el año de prórroga solicitado para reducir el déficit público, pero considera que las previsiones remitidas por el Ejecutivo en funciones son demasiado optimistas. El ejecutivo de Jean-Claude Juncker pide por ello nuevos esfuerzos, cifrados en torno a los 8.000 millones de euros, a repartir entre 2016 y 2017. Como en anteriores ocasiones, buena parte de las críticas de la Comisión se dirigen al gasto farmacéutico.
Pese a reconocer que el sistema sanitario español sigue consiguiendo buenos resultados en salud y accesibilidad con un “relativamente bajo” nivel de gasto, la Comisión asegura que el sistema sanitario español sigue enfrentándose al reto de su sostenibilidad. En este sentido, las menciones a los progresos de España por haber cumplido las recomendaciones europeas no se trasladan al sector sanitario. El informe europeo cree que “la acción política ha sido limitada” para mejorar el coste-efectividad en el SNS y, en concreto, para racionalizar la factura farmacéutica de los hospitales.
Como en anteriores evaluaciones, Bruselas habla largo y tendido sobre el techo de gasto farmacéutico previsto por el Gobierno. Pese a lo que intentó trasladar el Gobierno de Mariano Rajoy, el informe europeo considera que el crecimiento en el gasto farmacéutico, principalmente el de los hospitales, creció de manera notable en 2015, “incluso excluyendo el impacto de los nuevos tratamientos para la hepatitis C”. Asimismo, la Comisión Europea sigue siendo escéptica en cuanto a sus resultados. Asegura que sigue sin saber cuántas comunidades se adherirán a este mecanismo, ni cómo conseguirán cumplir con la regla de gasto prevista ni, por ende, “cuál será su efectividad a la hora de abordar los retos de sostenibilidad en el sistema sanitario público”.
Al porcentaje de recortes exigidos por Bruselas correspondiente al ejercicio 2016 cabría añadir además la cuantía de la multa que sobrevuela por el incumplimiento del objetivo de déficit en 2015. Si la Comisión se muestra comprensiva ante las explicaciones del Ejecutivo en funciones, el pago podría ser simbólico; de lo contrario, podría llegar a los 2.000 millones de euros.