La supuesta cesión irregular de datos de pacientes del hospital de Fuenlabrada al centro privado Los Madroños con el fin de aligerar la lista de espera ha reabierto el debate sobre la colaboración público-privado en el sistema sanitario.
El hecho ha provocado una denuncia de la asociación de consumidores Facua, que ha generado una investigación de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) para comprobar si el proceso se ha realizado de manera irregular. Una vez puestas en marcha las indagaciones, Facua ha presentado un nuevo procedimiento ante la AEPD en el que incluye a otras comunidades autónomas por esta práctica. Además de la Comunidad de Madrid, la denuncia se ha extendido al hospital San Pedro en Logroño (La Rioja), el Virgen de la Luz en Cuenca (Castilla-La Mancha), el General Universitario Reina Sofía y Virgen de la Arrixaca (ambos en Murcia).
La consejería de Sanidad de la comunidad madrileña trata también de esclarecer los hechos. De momento, ha abierto un expediente informativo al gerente del hospital, Manuel de la Puente, para comprobar si se ha producido algún tipo de anomalía como denuncia la organización de consumidores.
Las clínicas privadas defienden la investigación y que se adopten las medidas oportunas, aunque reclaman que no se realice una utilización demagógica de la situación. El director general del Instituto para el Desarrollo y la Integración de la Sanidad (IDIS), Manuel Vilches, explica que la transmisión de datos entre hospitales públicos y centros privados es una práctica habitual y que se encuentra “amparada por la Ley de Protección de Datos para el acto médico”, así como por los acuerdos marco que firman las consejerías de sanidad de las comunidades autónomas y los hospitales privados.
Consentimiento previo
En concreto, la legislación actual especifica que “las instituciones y los centros sanitarios públicos y privados y los profesionales correspondientes podrán proceder al tratamiento de los datos de carácter personal relativos a la salud de las personas que a ellos acudan o hayan de ser tratados en los mismos de acuerdo con lo dispuesto en la legislación estatal o autonómica sobre sanidad”. No obstante, el artículo 11 aclara que esta cesión debe realizarse siempre “con el previo consentimiento del interesado”. Precisamente, las protestas de los pacientes recogidas por Facua vienen motivadas por una ausencia de este tipo de permiso.
La misma ley insiste en que “el responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter personal están obligados al secreto profesional”.
El debate se produce en un momento marcado por el desarrollo de las políticas de ehealth, una de las bases de la estrategia del ministerio de Sanidad. La ministra Ana Mato ya anunció su intención de incluir a las clínicas privadas en el proyecto de la historia clínica interoperable. De hecho, ya se han producido conversaciones para estudiar su implementación.
Vilches confía en que esta situación no afecte a este proceso ni a la colaboración entre centros privados y públicos. “La concertación es algo que llevamos mucho tiempo haciendo, es consustancial a nuestro sistema y se utiliza en momentos de sobrecarga de la sanidad”, explica el director general de IDIS, quien insiste en que la “única intención es facilitar que la lista de espera sea más corta, ya sea en pruebas diagnósticas o en cirugía”.
