La aplicación de la tasa del euro por receta para los fármacos de más de 1,67 euros, un máximo de 61 euros anuales y del que quedan excluidas las personas que reciban una pensión no contributiva y los beneficiarios del Programa de Renta Mínima de Inserción, está a las puertas de aplicarse. La medida, que fue aprobada el 14 de marzo a través de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de Cataluña, debería aplicarse a partir del 23 de junio. Pero, aunque los farmacéuticos aseguran estar listos para aplicar la medida, han solicitado a la Generalitat que se retrase hasta el 1 de julio para que coincida con el periodo completo de facturación mensual.
A este respecto, el vicepresidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Barcelona y miembro del Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Cataluña, Francesc Pla, manifestó que la petición a la Generalitat para retrasar su implantación se debe a un problema de facturación. “Si se inicia antes del 1 de julio implicaría una doble facturación y sería una complicación administrativa para el farmacéutico”, señaló.
Sin embargo, confirmó que las farmacias están preparadas para aplicar esta medida. “Estamos preparados porque queremos hacer las cosas bien y ya las nueve empresas que suministran la aplicación informática nos confirman que está lista para ser implantada”, dijo. Y es que, cabe destacar que el 75 por ciento de las recetas en esta comunidad son electrónicas y que “todas las farmacias pueden llevar a cabo la dispensación por receta electrónica”. ¿Se ha probado el sistema? “Sí, lo hemos probado y funciona correctamente”, señaló.
Preocupación en los rurales
Por su parte, los farmacéuticos rurales coinciden en que la aplicación de esta tasa debería comenzarse el 1 de julio. En este sentido, el presidente de la Asociación de Farmacéuticos Rurales de Cataluña (Afruc), Francisco Mateo, manifestó que, “por lógica, se debería retrasar su implantación, ya que la facturación se realiza mensualmente e implantar esto a mediados de mes implicaría un problema de facturación adicional a los farmacéuticos”.
Sin embargo, además del problema de facturación, desde la farmacia rural se ve con preocupación la forma en la que se implantará. Así, en Afruc tienen “miedo” al cruce de información que implicará implantar el sistema o los problemas de conexión. “¿Confiamos en el cruce de datos entre Hacienda y Sanidad? ¿Saben que no todas las farmacias tenemos ADSL?”, se pregunta Mateo.
Asimismo, otro temor asalta a la farmacia rural. ¿Tienen cobertura jurídica los boticarios si el paciente no quiera pagar la tasa? “Lo único que sé es que estoy obligado a dispensar el fármaco si el paciente lo paga, pero la tasa no es el precio de este”, dice Mateo, quien más allá del tema económico se queja de las implicaciones que tendrá para los pacientes. “Trabajamos con la administración para realizar seguimiento farmacoterapéutico y lograr que los pacientes cumplan sus tratamientos, pero con esta medida la propia administración pone una barrera para que se cumpla”, manifestó.
Del mismo modo, Afruc insiste en la confusión que ha provocado entre los ciudadanos. “Muchos pacientes creen que el euro por receta se cobra para dárselo a las farmacias con viabilidad económica comprometida, pero no, lamentablemente no es para nosotros”, concluyó.