REDACCIÓN
Madrid
Las diferentes normativas farmacéuticas autonómicas existentes en nuestro país se han convertido en un punto débil en la defensa del modelo de farmacia español. Este hecho se ha podido comprobar en la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias ante el Tribunal de Luxemburgo, al preguntar si los baremos establecidos en las bases de la convocatoria de 2002 para la autorización de nuevas oficinas de farmacia en Asturias chocaban con el artículo 43 del Tratado de la CE, que protege la libertad de establecimiento en la UE.
Las diferencias de criterio en las comunidades autónomas a la hora de establecer unos determinados baremos de puntuación para acceder a la titularidad de una oficina de farmacia ofrecen a la Comisión Europea la posibilidad de poner en cuestión la legalidad de este modelo en el marco de la Unión. “Hay criterios discriminatorios”, apuntan incluso desde nuestro país varios expertos en derecho farmacéutico.
Esta disparidad es evidente. Por ejemplo, existen baremos de méritos en Asturias, Cantabria, Valencia, Baleares y Murcia, en los que se valora ampliamente el ejercicio profesional realizado con anterioridad en esa comunidad. Algo que, incluso firmes defensores del modelo farmacéutico español, como la presidenta de FEFE, Isabel Vallejo, consideran que son “difícilmente defendibles, y por eso no entramos en ese asunto”.
Ejemplos de que cada comunidad autónoma hace la guerra por su cuenta son los casos de Cantabria y Asturias, este último se encuentra en el Tribunal de Luxemburgo, donde estos méritos profesionales se computan con un incremento del 20 por ciento, en la Comunidad Valenciana en un 15 por ciento, en Baleares 0,045 puntos por mes (lo que puede llegar a suponer hasta el 20 por ciento de los méritos profesionales) y en Murcia, en virtud del “conocimiento que conlleva la realidad social y sanitaria de la Región”, se otorgan 0,3 puntos por año.
A estas comunidades se le puede añadir Melilla, que incrementa la valoración hasta en un 10 por ciento, siempre que el solicitante haya estado empadronado un mínimo de cinco años antes de que se produzca la convocatoria.
Cuestión de idioma
Dentro de los baremos de méritos que se aplican también tiene especial relevancia el conocimiento de la lengua cooficial de las comunidades autónomas que disponen de ella. Éstos son los casos de Galicia, Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana y Baleares, que premian el conocimiento de sus lenguas autonómicas.
Pese a ello, los criterios también son dispares y no se le ofrece la misma importancia en todas estas comunidades. Mientras en Galicia el conocimiento del gallego se premia hasta con 10 puntos y en la Comunidad Valenciana se valora hasta con cuatro puntos tener un nivel superior de valenciano, en el País Vasco, conocer el euskera (EGA o equivalente) se valora con 0,5 puntos, en Baleares con un punto tener un nivel B de catalán y en Cataluña hasta con dos puntos tener un nivel C o superior.
Entre otras diferencias que se aprecian en los baremos de méritos establecidos se encuentra, por ejemplo, el caso de potenciar el que los solicitantes hayan ejercido en zonas rurales, como es el caso de la ordenación catalana. En el extremo opuesto se encuentra Andalucía, que entre los criterios que establece no premia el trabajo de los farmacéuticos rurales.
Incluso hay aspectos como premiar en mucha mayor proporción los méritos profesionales que el expediente, la formación, las publicaciones o la participación en programas sanitarios, algo que han criticado reiteradamente los farmacéuticos sin oficina de farmacia. En este grupo de comunidades en las que los profesionales que ya han podido ejercer tienen gran ventaja a la hora de acceder a una oficina de farmacia que aquellos que aún no lo han hecho se encontrarían Aragón, Canarias o Castilla-La Mancha.
Además de este tipo de criterios, se valora, como en Extremadura y Aragón, tener algún tipo de discapacidad o minusvalía. En otras comunidades, como en Castilla y León, La Rioja y la Comunidad Valenciana, se realiza también una prueba escrita. En otras, como en la navarra, no se tiene ni siquiera un baremo, aunque se recomienda valorar criterios profesionales y académicos, los dos únicos baremos que existen, por ejemplo, en Madrid y Andalucía.
