La Asamblea del Consejo debe fijar el camino a seguir por la institución en sus nuevos estatutos

redacción

Madrid

La Asamblea general del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos deberá dar su visto bueno en su próxima reunión, que tendrá lugar el 28 y 29 de enero, a los nuevos estatutos que regirán el funcionamiento futuro de la máxima institución farmacéutica de nuestro país. Unos nuevos estatutos, que tienen como base el borrador elaborado por el propio Consejo General en 2005 (al que el Ministerio de Economía no permitió salir a la luz), que deben ver la luz a raíz de la transposición de la Directiva Europea de Servicios, la conocida como Ley Ómnibus, una normativa europea a la que deben ajustarse.

A este respecto, la Junta directiva del Consejo General, presidida por Carmen Peña, presentará ante los representantes de los colegiados españoles un proyecto de estatutos que se adapta a las exigencias establecidas por la Unión Europea a las organizaciones profesionales. Un proyecto que ha adaptado a los nuevos tiempos la pauta de funcionamiento a seguir por el Consejo General, que había recogido ya el borrador elaborado en 2005, y que el pasado mes de septiembre ya fue llevada a pleno por la presidenta de la institución farmacéutica.

En este sentido, además de apostar por que la representatividad de los colegios dentro de la Asamblea general se establezca a través de un voto ponderado
—con la aplicación del ‘sistema Penrose’, que establece que el número de representantes provinciales en este órgano se determine con la aplicación de la raíz cuadrada del número de colegiados dividido entre diez—, el texto que votará la Asamblea general recoge aspectos como las comunicaciones comerciales en publicidad, el servicio de atención al colegiado y a los usuarios finales, la ventanilla única o información sobre colegiados y registros.

Es decir, dotar al Consejo General de una mayor transparencia respecto al ciudadano. Así lo manifestaba la propia Peña al indicar que los nuevos estatutos se debían guiar “por una transparencia total”. Unas medidas, todas ellas, que presumiblemente no tendrán ninguna oposición dentro de la Asamblea general al ser “de carril”.

Novedades importantes

Junto a las adaptaciones de transparencia que exige la transposición de la Ley Ómnibus, ante la Asamblea general se presentará un proyecto de estatutos que recogerá aspectos relevantes para el funcionamiento interno de la institución. Unos artículos, todos ellos abiertos a modificarse, en los que, al contrario que los aspectos que exige la transposición de la Ley Ómnibus, sí pueden dar lugar al debate en el seno de este órgano. Entre ellos está el polémico tema de la representatividad dentro de este órgano, debido a las reclamaciones de colegios grandes como el de Madrid y el de Valencia de tener un mayor peso en virtud del número de colegiados que poseen.

Además de este asunto, también se introducen en el proyecto novedades importantes de cara al futuro sobre las que parece que habrá un acuerdo total. Entre ellas, se encuentra el establecimiento de un límite para desempeñar la presidencia de la institución: quedará fijado en un máximo de dos legislaturas. Asimismo, dentro de este ordenamiento interno se introducirá la posibilidad de plantear la moción de censura, se establecerá el voto ponderado para elegir al comité directivo y al presidente de la institución o se instaurará que en la Asamblea general ese comité sólo tenga un voto (el del presidente será de calidad).

A pesar de la controversia generada por el tema de la representatividad todo indica que el borrador que se llevará a la Asamblea general contará con el visto bueno de la mayoría de los representantes de los colegios provinciales. Un apoyo que la cúpula del Consejo General ha podido sondear tras las reuniones mantenidas con muchos de ellos y a través de las propuestas recibidas por parte de éstos para que fuesen introducidas en el borrador de estatutos.

De esta forma, una vez que se debata sobre el proyecto presentando, “artículo por artículo”, los 161 miembros que forman la Asamblea general deberán proceder a la votación del texto que resulte del debate. Sólo será necesario contar con una mayoría simple de votos a favor (81) y, de esta forma, que el Consejo General cuente desde febrero con nuevos estatutos. Cabe destacar que para obtener esta mayoría no sería necesario contar con el apoyo de los ‘grandes’ (Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla), que sólo llegaría a los 30 votos.