Los farmacéuticos españoles esperan como agua de mayo la aprobación de la nueva Ley de Servicios Profesionales para corroborar que, tal como refleja su último anteproyecto con fecha de 7 de julio, no hay rastro en él de una posible liberalización del sector de oficinas de farmacia (al contrario de lo que recogía un primer texto de diciembre de 2013) y poder así respirar tranquilos. Lo esperan como agua de mayo… O de septiembre, ya que es previsible que sea a lo largo de este mes cuando el Consejo de Ministros dé el visto bueno al anteproyecto, toda vez que ni en la última reunión antes del parón veraniego (1 de agosto) ni en la primera tras el retorno a la actividad (este 29 de agosto) ha sido abordado.
La amenaza de la liberalización es un viento que recorre desde años por la farmacia europea ‘mediterránea’, soplando con mayor o menor fuerza según el momento, lugar y/o contexto económico. Ahora que la tempestad parece aminorar en España, esos aires liberalizadores han cruzado los Pirineos para planear sobre la farmacia francesa. Y, al igual que en el caso español, la amenaza proviene de su Ministerio de Economía. En concreto, de un informe de la Inspección General de Finanzas (IGF) en el que recoge la posibilidad de ‘extraer’ del sector de boticas galas 400 millones de euros “para ser reinvertidos en la sociedad francesa”. Para ello se recomienda la implantación de medidas de tintes liberales como permitir la venta de medicamentos (incluidos los de prescripción) fuera de las farmacias, abrir la propiedad a inversores no profesionales y suprimir los criterios de planificación.
Para rizar el rizo, el documento —no presentado oficialmente por el Gobierno— acusa a los farmacéuticos comunitarios de un “alto poder adquisitivo” en comparación con la evolución de la economía francesa y les hace ‘responsables’ de un supuesto “estallido” al alza del precio de los medicamentos no reembolsables acontencido en los últimos años.
Papel “no indispensable”
El informe de la IGF francesa ha puesto en ‘pie de guerra’ a los profesionales. La Orden Nacional de Farmacéuticos de Francia (equivalente al Consejo General español) emitió un comunicado el 22 de agosto que califica el documento de “aberrante”, y denuncia que sus afirmaciones y recomendaciones “mancillan la reputación de la profesión”, en palabras de su presidenta, Isabelle Adenot.
En el colectivo de boticarios galos ha causado especial daño que dicho informe justifique una posible venta de medicamentos fuera de las farmacias en que “el papel del de consejo y prevención jugado por el farmacéutico no parece indispensable para la protección de la salud pública”, por lo que estima que bastaría con la presencia de un “profesional cualificado”, sin más concreción, para garantizar la seguridad de las dispensaciones. Para la Orden de Farmacéuticos, esta recomendación es “peligrosa” y recuerda que “los franceses, en su mayoría, se oponen a la venta de medicinas en supermercados y saben que hasta los medicamentos de no prescripción son productos especiales”.
Asimismo, la farmacia francesa también alude al buen conocimiento de la población sobre los riesgos que podría acarrear la entrada de capital no profesional en la propiedad de boticas (permitiendo a su vez las cadenas) y la libertad de instalación. “Saben que las cadenas solo se instalan en los lugares más rentables”, indican desde la Orden, que califica a esos potenciales inversores como “mastodontes extranjeros”. Por todo ello, Adenot resume que el informe “propone desorganizar por completo la farmacia francesa”.
Cabe recordar que el Gobierno francés está acometiendo una serie de fuertes reformas económicas en diversos sectores del país que, precisamente, provocaron la semana pasada la destitución del ministro de Economía y Finanzas, Arnaud Montebourg, supuestamente por su postura crítica con la dureza de las medidas. No obstante, el responsable del departamento de Finanzas ministerial, Michel Sapin, del que depende la IGF, sí se mantiene en el cargo.
