El grupo ruso Krasfarma ha anunciado que va a recurrir el auto por el cual el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Córdoba concedió la adjudicación de Laboratorios Pérez Giménez a la compañía libia Pharmex y a la española, especializada en alimentación animal, Pinsos Ursa. Este anuncio se produce tras asegurar el grupo ruso, que no se han cumplido los protocolos legalmente establecidos por la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
En concreto, Krasfarma asegura en un comunicado que ha existido una “más que deficiente valoración realizada por la Administración Concursal de las ofertas presentadas”. La corporación rusa asegura que se ve obligada a recurrir la adjudicación y pide la suspensión de “cualquier tipo de negocio cuando se inicien relaciones comerciales con jurisdicciones consideradas off shore, como es el caso de Suiza, país en el que se encuentra el domicilio social de Pharmex”.
Con este movimiento en los juzgados Krasfarma pretende invalidar el auto del Juzgado de lo Mercantil de Córdoba que ha designado como adjudicataria de la instalación de producción de los laboratorios Pérez Giménez a la empresa Pharmex, o bien a “la sociedad que esta designe siempre que la misma esté ingresada accionarialmente de manera directa por las sociedades Pharmex y Pinsos Ursa”.
Este mandato judicial valoraba la oferta presentada por Pharmex y Pinsos Ursa como la que más puntuación había obtenido tras lun análisis técnico hecho por parte de los administradores concúrsales de Laboratorios Pérez Giménez a las tres propuestas inscritas para hacerse con la farmacéutica, entre las que también se encontraba la de Krasfarma.
Evitar escriturar
Así, la firma rusa pretende evitar que se materialice la firma de las escrituras previstas por el juzgado hasta el próximo día 16 de septiembre. La principal obligación de la sentencia es la obligación de asumir a los 40 trabajadores y recolocar a otros 90 empleados de la compañía farmacéutica cordobesa. Eso sí, como a día de hoy no existe actividad en la empresa ni quedan trabajadores dados de alta, dicha obligación queda sustituida por la de “contratar en el plazo máximo de 36 meses del cobro efectivo, a 150 trabajadores”, destacan desde el juzgado.
Precisamente este último punto es uno de los argumentos que también esgrime Krasfarma en su recurso, ya que según indican “la Administración Concursal varió las reglas establecidas en el auto de 20 de mayo de 2016, por el cual se imponía la obligación de contratar a ex empleados de Laboratorios Pérez Giménez. La Administración Concursal prescindió de esta condición, sustituyéndola por el brindis al sol de contratar genéricamente a trabajadores, compromiso que podrá ser cumplido o no”, aseguran en un comunicado.
Krasfarma recalca que “se ve obligada a intervenir”, ya que de materializarse el auto se incumpliría el derecho español que no permite “relaciones comerciales con países considerados de riesgo”, como es el caso de Libia, de donde provienen los fondos de Pharmex, o “con personas consideradas de riesgo, como es el caso del administrador de Pharmex, quien aparece como administrador de distintas compañías en los conocidos como Papeles de Panamá”, destacan. Habrá que esperar a comprobar si el juzgado admite a trámite el recurso de Krasfarma, pero que, sin duda, prolonga la incertidumbre en Pérez Giménez.
