c. r. / j.m.l.
Madrid
Cuando detrás de la cortina, donde se gesta el pacto sanitario, todo parecía ir sobre ruedas, y ahora que los últimos Interterritoriales parecían haber desterrado foros alternativos de debate político en el terreno sanitario, el sector se ha visto sacudido por un anuncio que no esperaba. El Sistema de Precios de Referencia (SPR) por equivalentes terapéuticos propuesto por el consejero de Sanidad de Madrid, Juan José Güemes, supone para todos los agentes la puntilla de una regulación que ya creen caduca.
Que las palabras de un consejero pongan el escenario sanitario patas arriba no es nada nuevo. Hace menos de un año, la consejera catalana, Marina Geli, habló abiertamente de copago y el asunto quedó, más o menos, en agua de borrajas. Pero la propuesta de Güemes sorprende, en primer lugar, porque su aplicabilidad práctica a corto plazo es inviable. Esta circunstancia es, de hecho, la que hace pensar a Fernando Redondo, presidente de FEFE, que el anuncio no es más que un globo sonda. “Si es una propuesta seria, que la plantee abiertamente”, añade Miguel Valdés, director general de Fedifar.
En segundo lugar, porque no beneficiaría a nadie. Principalmente a la industria innovadora. Es un pacto no escrito que el compromiso de Farmaindustria exige como contrapartida un marco estable. “Esta propuesta rompe el marco de estabilidad”, afirma Humberto Arnés, director general de la patronal. Los efectos secundarios serían muchos para la industria innovadora, que considera la medida un “error técnico, económico y sanitario”: no resolvería el problema de España, que es de demanda y no de precios. Asimismo, impediría el desarrollo de la investigación incremental; reduciría los tiempos de amortización; quebrantaría la confianza empresarial para invertir en España… “Es un escenario que no podemos contemplar”, resumió.
Por su parte, la industria de genéricos cree que la propuesta sólo adelantaría los ingresos que de por sí ya dará la orden de precios. Raúl Díaz Varela, presidente de Aeseg, incide en el peligro que iniciativas individualizadas pueden tener en el sistema. “Ante cualquier cosa que sea ir a un riesgo para 17 sistemas distintos, negativa absoluta”, dijo.
La secretaria general del CGCOF, Ana Aliaga, recordó que ya se intentó algo parecido: “No tiene sentido y no tendrá ninguna aceptación porque el sector sanitario se va a poner en contra”, dijo.
Todas las comunidades del PP pidieron otro SPR
En el simposio celebrado hace dos semanas en Córdoba, Farmaindustria recalcaba el sinsentido de que la industria trabaje de espaldas a la Administración. “Hay que alinear intereses”, decía el director general de la patronal, Humberto Arnés. Pero la semana pasada cada uno estaba en un sitio.
¿La reacción de la industria innovadora modificaba en algo las pretensiones de la Comunidad de Madrid? Ante esta pregunta, su consejero de Sanidad, Juan José Güemes, dejó claro que la alineación de intereses no es asunto fácil de alcanzar. “La obligación de Farmaindustria es ganar todo el dinero que pueda y la mía, como administrador de los recursos de los contribuyentes, es tratar de lograr las mejores prestaciones pagando lo menos posible”, dijo.
Más allá, Güemes afirmó que la petición a la ministra en el último Consejo Interterritorial del SNS de reenfocar el sistema de precios de referencia hacia uno basado en equivalentes terapéuticos no es una estrategia exclusivamente regional: la hicieron “todas las del PP”.
