Ante las dificultades, lo importante es buscar soluciones. Eso han hecho desde los colegios oficiales de farmacéuticos de Madrid y Cataluña, con la incorporación de una cartera de servicios en las oficinas de farmacia de estas comunidades. Así, a pesar de que ni Alberto García Romero, presidente del COF de Madrid, ni Pilar Gascón, secretaria del Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Cataluña, creen que esto sea la única solución posible o la definitiva para la caída de márgenes, sí consideran que es una actividad complementaria que puede ayudar a la gestión de las farmacias.
En opinión de García Romero, “el modelo centrado exclusivamente en el medicamento está agotado”, por lo que hay que cambiar de mentalidad y buscar nuevas salidas como, por ejemplo, la contratación de nuevos servicios farmacéuticos “bien por la administración o directamente por los ciudadanos”. Una actividad que Gascón cree que, además de ayudar a las boticas a sobrellevar este mal momento económico, le da “una relevancia profesional complementaria al farmacéutico”. De hecho, en la pasada edición de Infarma, celebrada el pasado mes de marzo en Madrid, tanto García Romero como Francesc Pla, vicepresidente del COF de Barcelona, dieron una conferencia en la que explicaron las características de esta alternativa profesional a explorar.
Y prueba de su confianza en esta alternativa es que tanto Gascón como García Romero ya han dado pasos en sus respectivas autonomías. De hecho, en Cataluña la administración regional ya tiene concertados dos servicios, el de cribaje de cáncer de colon y el de detección de VIH mediante test rápido. Aunque sufragados en parte por la Generalitat, el paciente paga un pequeño porcentaje por estos servicios ya que, en opinión de Gascón, “todo aquello que el paciente visualice como efectivo para él, probablemente también esté dispuesto a pagarlo”.
Pero la intención de Cataluña no es quedarse en esos dos servicios, sino aumentar su número. De momento, según Gascón, la prioridad es “concertar con la administración el seguimiento farmacoterapéutico, la ayuda con instrumentos de mejora de la adherencia y todo lo relacionado con los sistemas personalizados de dosificación (SPD)” que, aunque ahora se hace de forma voluntaria, la idea es unificar criterios y que la administración, a partir de la obtención de resultados eficientes para el ciudadano, considere este servicio y lo pague de manera diferenciada. Asimismo, Cataluña también está detrás de un bloque de servicios de ortopedia y de otro que persigue hacer la farmacia más visible como centro de salud.
Madrid, aunque con un proyecto inicial todavía, incluiría muchos más servicios, concretamente “15 áreas terapéuticas que integran 51 servicios en distintas áreas como la dermofarmacia, la salud de la mujer, el dolor, las adicciones o la salud mental”, explica García Romero. Estos servicios, divididos en una cartera pública, sufragada por la administración, y un catálogo privado, cuyo coste asumirían los pacientes, estarían listos para 2013, según las previsiones del colegio madrileño. De momento, el equipo de García Romero se encuentra negociando qué servicios se incluirán finalmente.
