Algunas autonomías ponen trabas al acceso a tratamientos novedosos que podrían producir ahorros a largo plazo al reducir la necesidad de realizar intervenciones quirúrgicas u hospitalizaciones. De esta forma, se volvió a poner de manifiesto una visión cortoplacista de cómo afrontar el asunto. En esta situación se encuentran los nuevos anticoagulantes orales, dabigatrán y rivaroxabán, que no son prescritos en algunas regiones. ¿El motivo? Su coste.
“Los beneficios que aportan son importantes, como constató la OMS, ya que no requieren un control mensual, como los convencionales, apenas tienen interacciones con la dieta y otros fármacos, además de ser igual o más efectivos”, dijo Luciano Arochena, presidente de la Federación Española de Asociaciones de Anticoagulados (Feasan). Una argumentación a la que se unió Ignacio Fernández, de la Sociedad Española de Cardiología (SEC), quien manifestó que “reducen la mortalidad y son más seguros y más cómodos de usar”.
En el área de la hepatitis C se da un caso similar con los nuevos inhibidores de la proteasa, telaprevir y boceprevir, que llegan a curar a las personas infectadas. Carmen Varela, presidenta de la Asociación Catalana de Enfermos de Hepatitis (Asscat), denunció que “solo son administrados en pacientes con unos niveles de fibrosis muy altos”, por lo que se quejó de que tras 45 años de contribución al SNS ahora se le deniega “un tratamiento aprobado”.
Otro caso es el de la abigaterona, para el cáncer de próstata. Carlos Hernández, de la Asociación Española de Urología (AEU), reconoció que su coste es alto y que el Ministerio de Sanidad debería acudir a las sociedades científicas para acotar al grupo de población para el que debería prescribirse sin mirar el aspecto económico.
