El Consejo de Ministros que entonces presidía José Luis Rodríguez Zapatero aprobó el 8 de julio de 2011 la regulación de la Compra Pública Innovadora (CPI), por la que todos los ministerios y sus organismos públicos estarán obligados a especificar en sus presupuestos las cantidades destinadas a esta modalidad de contratación, que consiste en la adquisición por parte de los organismos públicos de productos, bienes y servicios innovadores. La norma daba un margen de 18 meses para que las administraciones alcanzaran un 3 por ciento del presupuesto. A pesar del contexto adverso de la economía, Galicia y el País Vasco han demostrado sus credenciales y compromiso con la CPI.
Los proyectos del Hospital 2050 e Innosaúde, ambos gestionados desde la Xunta de Galicia, son “seguramente los más ambiciosos de toda España”, aseguró Manuel Varela, director general de Innovación y Gestión de la Salud Pública en la Consejería de Salud de la Xunta de Galicia. “Realmente los dos proyectos están dedicados a la innovación de infraestructura hospitalaria y de atención al paciente de Atención Primaria. Ambos proyectos cuentan con un presupuesto, en total, de 99 millones de euros, de los cuales unos 20 serán destinados exclusivamente a CPI, a concursos que vamos a sacar desde la Xunta para ese particular”, aseguró Varela.
Esta apuesta gallega por la innovación está respaldada por la Unión Europea. “Somos beneficiarios de una ayuda europea que se gestiona a través del Ministerio de Economía. De hecho, la UE nos cofinancia el 80 por ciento de presupuesto. Es a partir de ahí cuando nosotros lanzamos concursos y las empresas se presentan para poder desarrollar esa tecnología que pedimos y que aún no existe”, afirmó Varela, que además puntualizó que las empresas, además de la subvención que reciben, “conservan la propiedad intelectual de la tecnología que se haya desarrollado para poder, posteriormente, comercializarla con quienes ellos quieran”.
Las empresas o instituciones que se presenten a los concursos de CPI cuentan, además de con la subvención propia de cada proyecto, con el programa Innodemanda, previsto por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). El objeto del programa es la financiación de apoyo a la oferta tecnológica que concurra a los procesos de CPI. Así, las empresas recibirán el coste de la innovación para que al órgano público le cueste lo mismo que si comprara la tecnología ya desarrollada, facilitando de este modo una mayor presencia de los productos y servicios de estas empresas en la Administración.
Ejemplo del éxito de esta iniciativa pública es el País Vasco. El servicio de salud de esta comunidad autónoma, la Osakidetza, dispone de una licitación cerrada, que busca la contratación de una solución metodológica y técnica para la puesta en marcha de las acciones de sensibilización, información y formación ligadas al despliegue de la estrategia de crónicos a través del procedimiento de diálogo competitivo; y otra en curso, para la contratación de los servicios destinados a la puesta en marcha de una solución de atención remota del paciente crónico en movilidad.
Juan Goicolea, viceconsejero de Innovación del Gobierno del País Vasco, aseguró que su comunidad autónoma ejecuta prácticamente el presupuesto aconsejado por el ministerio, el 3 por ciento, para compra pública innovadora. “Nuestras políticas están concienciadas, tratamos de cumplir con unos objetivos que son, más allá de un compromiso político, un compromiso social”, dijo.
Andalucía e Innocompra
Al igual que el proyecto del Hospital 2050, existen en otras comunidades propuestas similares, como Andalucía. Un ejemplo notable es el Centro de Innovación y Desarrollo Biotecnológico de Vacunas de Andalucía, que entre otros objetivos pretende dotar a España de capacidad de abastecimiento de vacunas contra la gripe estacional o pandémica. Otros proyectos de innovación biosanitarios son el proyecto Broca de desarrollo de cirugía de alto contenido tecnológico (principalmente laparoscopia); el proyecto para desarrollar sistemas de conservación celular o el proyecto de detección de compuestos volátiles para la detección precoz del cáncer de pulmón y colon.
Estas iniciativas se enmarcan dentro del programa Innocompra, que parte desde el ministerio a organismos públicos de las comunidades autónomas para apoyar proyectos de I+D+I susceptibles de recibir ayudas del Estado siempre que conlleven CPI.
