Antonio González es periodista del diario ‘Público’
La salud pública y la rentabilidad económica pocas veces van de la mano, pero nadie en su sano juicio, y menos aún un representante de un partido elegido por los ciudadanos para trabajar con el bien común, debería dudar a estas alturas acerca de cuál de estos elementos es más importante proteger. El otro día un reputado experto en economía de la salud me explicaba, entre veras y bromas (más bien bromas), que si lo que de verdad se quería era ahorrar dinero al sistema, desde un punto de vista estrictamente financiero, había que dar vía libre al consumo de tabaco, e incluso fomentarlo. El Estado seguiría recaudando ingentes cantidades de dinero por un producto cuyo precio está formado por impuestos en un 78 por ciento, y además se ahorraría una parte importante del gasto en pensiones porque muchos adictos se morirían antes, y la pirámide de población adquiriría, por tanto, proporciones más sostenibles para el Estado de bienestar.
Sin embargo, y aunque pueda parecer una pena para muchos partidarios del capitalismo salvaje, existe una cosa que se llama salud pública, y para mantenerla hay que tomar medidas que a veces pueden resultar puntualmente dolorosas para ciertos sectores económicos. En este caso más que en ningún otro, no hay que dejar que un árbol nos impida ver el bosque, máxime si ese árbol es portador de una enfermedad que podría acabar con el bosque entero. Si el bosque es la salud de la población en general y el árbol la salud de un determinado sector económico, no hay más que talarlo. Pero todavía hay quien, apenado por la suerte de este pobre árbol, pretende tan sólo podarlo parcialmente para que moleste menos, sin olvidar que sigue siendo portador de un peligroso virus y que aprovechará cualquier resquicio para hacer de nuevo avanzar sus raíces hacia el bosque.
De la misma forma, si dejamos resquicios, en forma de excepciones y moratorias, para que lo tentáculos de la industria tabaquera sigan extendiéndose por la sociedad a la caza de nuevos y cada vez más jóvenes adictos, estaremos haciendo muy poco por el bien general que debe guiar las actuaciones en el ámbito de la salud pública. Por esto mismo, porque atenta contra la salud de todos, la decisión del PP, apoyada por CiU, de suavizar la reforma de la ley antitabaco introduciendo excepciones que no harán más que dificultar su cumplimiento, supone una grave irresponsabilidad, y estoy seguro de que muchos en estos partidos lo saben. Al igual que la ley de 2005 logró erradicar el tabaco del ámbito laboral, ha llegado la hora de desterrar esta droga de una vez de bares y restaurantes, que no tienen por qué seguir siendo lugares insalubres para todo el que entre en ellos.
La semana pasada el presidente de la Organización Médica Colegial, Juan José Rodríguez Sendín, advertía veladamente al PP y a CiU de que el sector sanitario en bloque les iba a señalar con el dedo si anteponían los intereses comerciales del lobby tabaquero y de la hostelería a la salud de la población. Pues bien, visto lo ocurrido en el Senado, y pensando en la ajustada votación que se producirá en el Congreso, ya es hora de empezar a esgrimir el índice.
