Antonio González
es periodista del diario ‘Público’
La Sociedad Española de Fertilidad (SEF) hizo públicos la semana pasada los últimos datos de su registro sobre tratamientos de reproducción asistida en España, referidos a los años 2005 y 2006. Este registro, el único que por ahora recoge la actividad de los centros, tanto públicos como privados, que tratan de solucionar los crecientes problemas de fertilidad de las parejas españolas, dibuja un panorama lleno de claroscuros.
En el aspecto positivo, resulta que España se ha puesto en los últimos años a la cabeza de Europa en número de tratamientos realizados, con más de 50.000 ciclos de fecundación in vitro y técnicas afines y otros 30.000 de inseminación artificial. Además, la tasa de éxito de estas terapias en nuestro país supera con mucho la media europea. Estos datos, sólo superados por los de países como Alemania y Francia, reflejan la buena salud de un sector cuyo auge, que hoy parece imparable, viene sin duda impulsado por el aumento de la edad media de las madres primerizas.
Al mismo tiempo, el registro elaborado por la SEF refleja la existencia de muchos miles de ciudadanos que buscan en el sector sanitario la respuesta a un anhelo tan importante para la vida de una persona como es tener un hijo. Si las cosas fueran como deberían, cualquiera de estas parejas debería poder acudir a un especialista de la sanidad pública y empezar cuanto antes el tratamiento más ajustado a las características de su problema.
Sin embargo, la realidad es bien distinta, y hoy por hoy lo primero que tiene que hacer una pareja con problemas para concebir un hijo por medios naturales es palparse el bolsillo, ya que si quiere un tratamiento adecuado, y sobre todo una asistencia en un plazo razonable, no tiene más remedio que acudir a un centro privado.
De hecho, las estadísticas indican que sólo uno de cada cuatro tratamientos de fertilidad se lleva a cabo en la sanidad pública, que en la mayoría de los casos, y salvo en escasas comunidades como Cataluña, hace pagar a los interesados la medicación, que cuesta varios miles de euros.
Es cierto que, a diferencia de las estadísticas sobre el número de tratamientos realizados en nuestro país, esta dicotomía entre sanidad pública y privada no es ninguna sorpresa para nadie, pero quizá por eso habría que evitar que dentro de cinco años la infertilidad siga siendo sólo potestad casi exclusiva de los centros privados, que hacen un legítimo y lucrativo negocio a costa de los ahorros de miles de parejas que prefieren pagar a enfrentarse a una lista de espera de dos años. Y lo que es peor, sin que les den las mínimas garantías de éxito.
Los centros privados hacen un muy buen trabajo en este campo, y además pueden mejorarlo ofreciendo técnicas pioneras que quedan fuera del alcance de centros menos especializados, pero no deberían ocupar mayor espacio al que debería corresponderles a costa de una carencia de la sanidad pública que acaban pagando, y de qué manera, las parejas con problemas de fertilidad.
