Antonio González es periodista del diario ‘Público’
Pensaba hace un par de semanas —ahora veo que con gran ingenuidad por mi parte— que la polémica sobre la ley antitabaco se iba a extinguir una vez pasados unos días desde su entrada en vigor. Pero a estas alturas parece que vamos a seguir teniendo tema de conversación para rato. No quiero ni pensar que hubiera pasado si la ley se hubiera aprobado sin el apoyo de la mayoría de los grupos, incluido el Partido Popular. Seguro que las huestes ultramontanas ya habían encendido una pira a las puertas del paseo del Prado 18 para quemar viva, convicta y confesa del asesinato vil de las sacrosantas libertades individuales de los fumadores, a la ministra Leire Pajín, quien por cierto parece que cada día tiene que pagar un precio más alto por su doble condición de joven y mujer.
En 2010 se aprobaron un total de 53 leyes, de las que nueve son orgánicas. Varias de ellas, sin referirse a una materia como la salud pública, que busca precisamente el bienestar físico de toda la sociedad, incluyen preceptos que se merecen la reprobación más enérgica al Gobierno que las impulsó. Un buen ejemplo es la reforma del mercado laboral, que supone el mayor retroceso de los últimos años en materia de derechos de los trabajadores. Pero también hay leyes a punto de aprobarse que deberían movilizar a la sociedad, como la norma que reformará el régimen electoral general. Si no se remedia en el Senado, esta nueva ley lesionará un derecho esencial como es el derecho a la información, al imponer a los medios de comunicación privados unas limitaciones en materia de información política impropias de una democracia. Ni siquiera la nueva Ley del Aborto logró crear una polémica semejante a la de la ley antitabaco una vez que se publicó en el BOE y ya no había marcha atrás en su aplicación.
Sin embargo, el tabaco es capítulo aparte, y genera reacciones extrañas. Desde acusar a una ministra de empujar a la gente a la delación por el mero hecho de dejar claro que esta ley, como cualquier otra, ha de cumplirse, hasta aparecer en televisión jactándose de insumisión ante una norma aprobada por el Parlamento o amenazar con poner sobre la conciencia de las malvadas mentes pensantes del Ministerio de Sanidad mil y un despidos de pobres camareros inocentes. Pocas veces se ha visto algo igual.
Es cierto que en España fuma un tercio de la población, y que eso es mucha gente. Pero por lo general se trata de gente con sentido común y consciente, por tanto, del derecho de los no fumadores a no respirar aire viciado. Por ello, puestos a analizar la virulencia del debate generado, que sigue arreciando, quizá ha llegado el momento de buscar en la trastienda a los verdaderos perjudicados por esta ley, que no son los hosteleros, sino la industria tabaquera, que no ha dado la cara en todo el proceso, lo que no deja de resultar extraño. Nada han dicho abiertamente ni de perjuicios económicos, ni de despidos, ni de derechos vulnerados, haciendo gala del hermetismo propio del que prefiere actuar lejos de los focos de la opinión pública, dando cuerda al muñeco para que sean otros los que hagan el trabajo sucio.
