Antonio González es periodista del diario ‘Público’
En los estados de derecho, la esfera que configura la intimidad de los individuos es relativa. Dependiendo de la notoriedad, del lugar en el que uno se encuentre e incluso de la profesión que ejerza, los niveles de intimidad que protege de forma efectiva la legislación son variables y, en ocasiones, están sujetos a la interpretación de un juez. Pero lo que nadie discute es que la información clínica de una persona corresponde a la esfera de la intimidad más sagrada. Podemos discutir si la foto de tal famosa en la playa viola su intimidad o puede ser distribuida para su consumo por el gran público, pero nadie puede defender que el resultado de una analítica hecha a la misma famosa en un hospital pueda caer en manos de cualquiera.
La información clínica, además de íntima y sensible para el paciente y los que le rodean, puede tener un gran valor comercial para empresas sin escrúpulos, y por ello merece las máximas medidas de seguridad. Porque el problema no es, como la prensa ha reflejado en ocasiones, que en un contenedor de basuras de un hospital aparezcan historias clínicas, sino que va más allá. Como ha advertido más de una vez la Agencia de Protección de Datos, la informatización de los ficheros de todo tipo y la universalización de Internet dificulta enormemente el control de una hipotética fuga de información sensible al ciberespacio. En este sentido, una información o imagen sobre cualquiera de nosotros puede estar durante años disponible en la Red sin que sea fácil eliminarla, ya que la propia globalización de Internet impide el control de quienes utilizan esta tecnología con fines espurios.
Por esto, es especialmente grave el resultado de la investigación realizada por el organismo dirigido por Artemi Rallo, según la cual el 60 por ciento de los hospitales públicos no protege de forma adecuada las historias clínicas de sus pacientes, frente al 15 por ciento de los centros privados concertados, más celosos de la intimidad de sus usuarios. La agencia ha dado a los hospitales que aún no cumplen con los requerimientos de la Ley de Protección de Datos seis meses de plazo para corregir las deficiencias, so pena de una multa de 300.000 a 600.000 euros en el caso de las clínicas privadas y de la apertura de un expediente en el caso de los públicos, una medida esta última claramente insuficiente. Pero la situación es todavía más alarmante si tenemos en cuenta que los hospitales que incumplen la ley al menos colaboraron con la agencia, ya que hay otros 43 centros, de los que 23 son públicos, que ni siquiera se dignaron a contestar, y cuyos gerentes deberían estar ya cesados.
En temas tan sensibles no caben excusas. Aunque la gran parte de la culpa la tenemos los usuarios, que nunca denunciamos lo suficiente, en casos como este las administraciones de las que dependen los centros que no cumplen con la normativa deberían tomarse en serio este tipo de carencias antes de que sea demasiado tarde, y los datos clínicos circulen por la Red sin control. Los pacientes ya tienen bastante con su patología para que encima les roben su intimidad.
