Fuego amigo: La hora de la verdad para la farmacia

Antonio González

es periodista del diario ‘Público’

Resulta evidente que el modelo español de oficinas de farmacia funciona, aunque en ocasiones existan algunos problemas. Y funciona porque permite a todos los ciudadanos acceder a los medicamentos con absolutas garantías de calidad y seguridad, independientemente de su lugar de residencia. Además, como siempre nos recuerdan desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, el farmacéutico, además de un agente clave del Sistema Nacional de Salud, es el profesional sanitario más cercano al ciudadano, y no un mero comerciante de los medicamentos.

Por todo ello, es posible que el presidente del Consejo, Pedro Capilla, tenga más razón que un santo al clamar en Bruselas, frente al afán liberalizador de la Comisión Europea, que aplicar por las buenas las normas del libre mercado al sector de las boticas sería una “aberración sanitaria”. Sin embargo, pese a las presiones del Gobierno español y la propia lentitud de la Comisión al hacer efectivas sus exigencias sobre la libertad de establecimiento, es evidente que se acercan nuevos tiempos para las farmacias y que, quede como quede al final este largo –y muchos pensarán que innecesario- contencioso, los farmacéuticos tendrán que esforzarse más para que los ciudadanos aprecien su labor. Y ése esfuerzo no puede venir de otro lado que no sea del reforzamiento de su papel como agentes sanitarios, ya que muchos siguen percibiendo al farmacéutico, y a veces con razón, como un mero dispensador de fármacos.

En este sentido, el desarrollo pleno de la tan traída y llevada atención farmacéutica debe ser la senda por la que modernizar el actual concepto de la oficina de farmacia y hacer posible que estos establecimientos, y sus profesionales, supongan un valor añadido para la sociedad a la que prestan sus servicios. Y no hace falta que los farmacéuticos se adueñen de facultades más propias de los médicos, como la prescripción, porque hay margen de maniobra suficiente para que las oficinas de farmacia –y muchas ya lo están haciendo- ofrezcan un servicio más amplio a sus pacientes.

Por otro lado, en el actual contexto parece llegado el momento de plantearse un debate serio sobre la posibilidad, no de liberalizar por completo el modelo como pretende Bruselas, pero sí de establecer algún instrumento para que, sólo donde la viabilidad de un mayor número de farmacias esté asegurada, se permita la apertura de nuevas boticas. Asimismo, habría que poner el énfasis en la importancia de la figura del farmacéutico, más que en la del establecimiento, a la hora de abordar la controversia sobre los medicamentos publicitarios. En este sentido, no debería haber problemas a la hora de permitir que esos productos pudieran ser dispensados en un establecimiento diferente a una botica, siempre que hubiera un farmacéutico responsable de la calidad y seguridad de los mismos. Sin embargo, cualquier cambio que se aborde debería plantearse sólo desde la necesidad de salvaguardar las ventajas que aporta el actual sistema. Que quedara un solo ciudadano desatendido sería suficiente motivo para dejar las cosas como están.