Antonio González
es periodista del diario ‘Público’
Los abanderados de la sanidad privada, cada vez más numerosos en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, saben bien que es esencial la existencia de indicadores válidos y comparables para evaluar de forma adecuada la calidad de un servicio determinado, en cualquier ámbito. Nadie en su sano juicio contrataría un fondo de inversión, por ejemplo, sin comparar su rentabilidad con la de otros productos financieros de las mismas características. O no se compraría un coche sin estudiar las prestaciones y precios de todos los vehículos de una misma gama.
Ahora muchos quieren que la sanidad pública se rija por criterios de libre mercado, con el fin de conseguir una mayor eficiencia. Al margen de cuestionarnos por qué existe el dogma de fe de que una empresa privada tiene que gestionar mejor que los gestores públicos un servicio de la importancia de la sanidad, es evidente que los ciudadanos de este país sufren una clamorosa falta de información en relación con uno de los aspectos que más preocupa de la sanidad: las listas de espera.
El ministro de Sanidad, Bernat Soria, insistía el pasado 29 de octubre en Pamplona, en la inauguración de unas jornadas sobre cáncer, en la necesidad de “avanzar en un mecanismo de información común del Sistema Nacional de Salud en listas de espera diagnóstica y terapéutica”. Con todos los respetos hacia el inquilino del paseo del Prado 18, esta declaración del ministro, que sólo es una más de una larga retahíla pronunciada por los distintos titulares de Sanidad desde los últimos traspasos de competencias de 2001, no es suficiente en absoluto.
Todos sabemos que la sanidad está transferida, que aquí cada cual hace, con unas limitaciones mínimas, lo que le da la gana con la sanidad, pero el Gobierno tiene que hacer algo más que declaraciones para conseguir un instrumento esencial no sólo para impulsar la mejora de la sanidad pública, sino también para asegurar que la asistencia se presta en condiciones de equidad. Tengo derecho a saber, como ciudadano, si lo que hay que esperar, por ejemplo, para operarse de un cáncer en Madrid, es el doble que en el País Vasco, o si es al revés.
Por mucho que duela a los responsables de una comunidad salir mal parados en una de estas comparaciones, al final la transparencia siempre redunda en el beneficio general. Ofrecer datos comparados por comunidades autónomas, no sólo en cuanto a listas de espera sino también acerca de otros indicadores que revelen la mayor o menor calidad de los servicios que se prestan, no sólo sería útil para los gestores y para los ciudadanos, sino que serviría para ver si tiene sentido justificar una privatización encubierta de la sanidad.
En definitiva, a los pacientes no se les puede hurtar esa información por los intereses políticos de unos y otros, que es lo que ocurre ahora. Asimismo, los políticos deben ser un poco más valientes y no tratar de ocultar la realidad cuando no les es favorable. Mejor nos iría a todos.
