Antonio González, es periodista del diario ‘Público’
Ahora que los ministros hacen striptease financiero en el BOE, mostrando a todo el mundo sus ingresos y patrimonio, ha llegado el momento de hacer también un ejercicio de sinceridad desde estas páginas con el tema del alcohol: a los españoles, en general, nos gusta beber. Desde que existe la civilización, el alcohol ha jugado un papel clave en las celebraciones sociales y religiosas, y no digamos ya en España. No en vano hay en este país casi 250.000 bares. Es decir, que tocamos a uno por cada 200 habitantes más o menos, y eso sin contar con cafeterías, restaurantes o discotecas.
Es verdad que no todos los que acuden a un bar acaban castigándose el hígado, pero las cifras del Plan Nacional sobre Drogas hablan por sí solas, y revelan que casi siete de cada diez personas con edades entre los 15 y los 64 años, es decir, casi toda la población menos niños y ancianos, beben alcohol con cierta frecuencia. De todos es sabido que en España el consumo de alcohol ha sido tradicionalmente moderado y ha estado vinculado a la ingesta de alimentos y a los actos sociales, pero desde hace unos 15 ó 20 años el patrón está cambiando para acercarse al modelo de consumo abusivo del mundo anglosajón, centrado además en las bebidas destiladas en detrimento de las conseguidas por fermentación como el vino y la cerveza.
Este cambio de modelo es lo preocupante, porque refuerza la faceta del alcohol como sustancia de abuso y hace a los consumidores más propensos a caer en conductas adictivas, sobre todo cuando empiezan a embriagarse con frecuencia a edades tempranas. Así, aunque la ingesta de alcohol ha venido reduciéndose en términos absolutos en los últimos años hasta situarse en torno a los 90 litros por persona y año, el porcentaje de los bebedores que se emborracha se ha duplicado en diez años hasta superar el 44 por ciento.
Con todos estos elementos en la mano, y otros como el hecho de que una tercera parte de los fallecidos en accidente de tráfico había bebido alcohol, considero que la prohibición de las barras libres, la denominada happy hour y la promoción de dos copas por una aprobada por el Parlamento catalán en el marco de la Ley de Salud Pública no puede ser más acertada. Una vez más, una autonomía socialista ha tomado la delantera al Gobierno en un tema que hay que abordar cuanto antes. Tras el fallido intento de la actual responsable de Economía, Elena Salgado, de atajar de raíz el consumo abusivo de alcohol entre los jóvenes, Trinidad Jiménez tiene ahora la oportunidad de oro de seguir el ejemplo catalán, en la medida de lo posible, en la futura Ley estatal de Salud Pública.
Pero no nos engañemos, nadie va a dejar de beber en España porque lo diga el Gobierno. Se trata tan sólo de desterrar el consumo abusivo, que las bebidas tengan la calidad suficiente y que su precio en los locales sea el adecuado, ni tan caro que incentive el botellón ni tan barato que la gente no se suelte de la barra. Parece una utopía, y posiblemente lo sea, pero no por eso hay que renunciar a ella.
