Antonio González es periodista del diario ‘Público’
El término insumiso se popularizó en el último cuarto del siglo pasado para referirse a aquellos jóvenes, en general de izquierdas, que, ante su radical desacuerdo con la imposición del servicio militar obligatorio se negaban a cumplir la ley y se quedaban en su casa a la espera de ser detenidos. Pero una cosa es que un colectivo de jóvenes se niegue a cumplir una normativa anticuada e injusta y otra muy distinta es que ahora el PP, sobre el que recae la responsabilidad del ejercicio de la oposición y la obligación de conformar una alternativa de gobierno, trate de recurrir a la misma rebelión ante las leyes aprobadas en el Parlamento. Ya no hablamos de melenudos con pantalones de pitillo que se atrincheran en casa de sus padres, sino de dirigentes políticos, con supuestas convicciones democráticas, que hacen peligrosos guiños contra las normas que no les gustan, como la del aborto.
A mí no me gusta la Ley del Aborto tal como está redactada, como tampoco me gusta que se eliminase el cheque bebé, que suba el IVA o que, gobierne quien gobierne, siempre sean las rentas del trabajo las que sostengan todo el tinglado para que unos pocos especulen y nos metan a todos en agujeros de diversa índole. No me gustan muchas de las leyes, reales decretos, órdenes ministeriales o normativas variadas que están en vigor, pero las cumplo, en parte porque no tengo más remedio, pero también, porque rebelarse ante ellas es hacerlo ante el propio sistema democrático. No hay que olvidar que nuestro sistema tiene instrumentos para cambiar las leyes, aunque luego el PP cuando llega al poder olvide de esta posibilidad, como ocurrió con el divorcio o el aborto. Pero también queda el camino de la calle, criticado pero legítimo. Así, el presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, puede convocar una manifestación contra la Ley del Aborto, o tratar de promover una reforma de la ley, pero no es admisible que se niegue a cumplirla, porque es una norma aprobada en el seno de un estado democrático de derecho y porque no tiene más remedio si no quiere incurrir en un delito.
Es evidente que la democracia no es el único sistema que existe para organizar la convivencia en las sociedades humanas, y que es lícito renegar del mismo, pero parece poco procedente tratándose de un cargo público en un estado democrático. Y lo malo es que no creo que la intención de Valcárcel sea echarse al monte y renegar de sus convicciones democráticas, sino mandar un peligroso mensaje a sus correligionarios: como no nos gusta esta ley, hagamos lo posible para que no se cumpla y se convierta en papel mojado, como muchas otras. Lo peor es que es fácil que lo consiga si los beneficiarios de la norma, en este caso las mujeres que se ven abocadas a abortar, no exigen sus derechos. Ya hay demasiadas leyes en España que no se cumplen, esperemos que la del aborto no sea una más.
