Fenin propone modificaciones en la ley de morosidad y pide “voluntad política”

REDACCIÓN

Madrid

Incluir la morosidad como indicador del Observatorio de Calidad del Sistema Nacional de Salud, modificar el procedimiento para hacer efectivas las deudas de las administraciones públicas e incorporar medidas impositivas de aplicación de la ley. Éstas son las tres sugerencias a la actual proposición de modificación de la ley contra la morosidad en las operaciones comerciales que desde la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) propusieron la semana pasada ante la Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso de los Diputados. Desde Fenin incidieron en la necesidad de tener un marco legal competente, no existente en la actualidad, que garantice el cumplimiento de las leyes, para asegurar la sostenibilidad del sistema.

Desde la patronal consideran que la nula aplicación que se hace de las leyes en la mayoría de las administraciones es uno de los motivos principales de la ineficacia de la actual ley de morosidad. En este sentido, la secretaria general de Fenin, Margarita Alfonsel, aseguró que uno de los aspectos más importantes e imprescindibles para garantizar el cumplimiento de la legislación sobre morosidad es que haya una “voluntad política”, algo que según ella, se traduciría “en la eliminación de la morosidad, en la concienciación de las administraciones públicas sanitarias para la definición de presupuestos realistas, suficientes y estables y tendría su reflejo en una mayor estabilidad empresarial”.

Aumento de las deudas

Según datos aportados por Fenin, el conjunto de las administraciones sanitarias adeuda a las empresas del sector, a cierre del ejercicio 2009, alrededor de 3.000 millones de euros, un 20 por ciento más que el año anterior. Esta cifra supone una deuda global del 5,08 por ciento del presupuesto sanitario de nuestro país. Es más, a la hora de pagar cuentan con unos plazos de hasta diez veces superiores a los establecidos por la ley actualmente en vigor, periodo que se ha incrementado en un 34,5 por ciento a lo largo del último año.

En este sentido, y como consecuencia del aumento de las deudas, en las últimas dos décadas la patronal ha interpuesto en los tribunales de 13 comunidades autónomas más de 4.300 demandas judiciales por intereses de demora de la deuda, cuyas sentencias han sido favorables a los planteamientos de la industria. Esta situación, tal y como dice Alfonsel, demuestra que “la Ley 3/2004 y la legislación de contratación son un marco adecuado, pero existe un incumplimiento generalizado”.

‘Ranking’ de morosos

Por autonomías, la que registra un mayor índice de morosidad es Andalucía, con una deuda acumulada superior a los 649 millones de euros. Un dato que sorprende si se tiene en cuenta que la comunidad andaluza anuló toda su deuda anterior a principios de 2009. Le siguen Madrid, con más de 423 millones de euros, y Comunidad Valenciana, con una deuda superior a los 356 millones. La que menos dinero debe es Navarra, con un acumulado de 31,2 millones de euros, seguida del País Vasco, con más de 55 millones.

A pesar de que por ley el plazo para pagar a los proveedores está establecido en un máximo de 60 días, ninguna de las autonomías cumple con esta normativa, y se demoran una media de 269 días. Algunas demoran tanto sus pagos que de los dos meses establecidos dentro de la legalidad se acercan a los dos años sin abonar su deuda. Éste es el caso de Cantabria, que con 593 días es la comunidad que más tarda en pagar. Le siguen de cerca Murcia y Baleares, con 529 y 503 días, respectivamente. Galicia y País Vasco, con 82 y 91 días, son las comunidades que menos días tardan y las que más se acercan a lo permitido.