El Consejo Valenciano de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y las asociaciones empresariales farmacéuticas (Confar) volvieron a analizar la “gravísima situación” que atraviesan las oficinas de farmacia de esta comunidad como consecuencia de los impagos, pero esta vez lo hicieron junto a las empresas distribuidoras de medicamentos y el director general de la patronal de la distribución Fedifar, Miguel Valdés, con quienes mantuvieron una reunión el pasado 26 de mayo.
En este encuentro, se puso en común “la incertidumbre a la que la Consejería les está abocando, y que podría ocasionar un problema real de abastecimiento que redundaría en la imposibilidad de la dispensación normal de medicamentos”. Una situación que, según advirtieron desde el colectivo, se verá agravada en los próximos meses en los que esta comunidad acoge gran parte del turismo nacional e internacional.
Asimismo, las instituciones colegiales y las asociaciones empresariales acordaron convocar asambleas urgentes y extraordinarias de colegiados para el próximo martes 3 de julio, en las que se analizarán los retrasos en el cobro de sus facturas, para lo cual es la Consejería de Sanidad valenciana todavía no ha presentado un calendario de pagos.
Situación crítica
A este respecto, cabe destacar que la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la Comunidad Valenciana, María Teresa Guardiola, manifestó en declaraciones realizadas a Europa Press Televisión que las farmacias de la comunidad están viviendo una “situación de urgencia” y ha afirmado que el desabastecimiento de productos en las boticas ronda el 50 por ciento. Según Guardiola, la falta de productos afecta tanto a las recetas de medicamentos básicos como a los más complejos y caros.
“Si no se nos paga, el medicamento para la Comunidad Valenciana peligra, está en extrema necesidad, necesitamos ayuda del Gobierno de España porque los ciudadanos se quedan sin medicamentos”, afirmó. En este sentido, lamentó que de cara a los próximos días si las farmacias no reciben el dinero que se les adeuda desde la administración pública entrarán en “situación de alerta” y al menos 200 oficinas cerrarán.
