La patronal de la industria farmacéutica ha emprendido una serie de acciones legales para tratar de poner fin a la introducción de equivalentes terapéuticos en los concursos impulsados por el Consorcio de Salud y Social de Cataluña conjuntamente con los hospitales asociados. El establecimiento de equivalencias es un asunto delicado que puede comprometer la salud de los pacientes, sobre todo cuando de lo que se trata es de fármacos biológicos ya que son productos que, aunque tengan la misma indicación no son intercambiables.
Para defenderlo, la patronal ha tenido que acudir a la vía del Contencioso-Administrativo, ya que su recurso fue desestimado en primera instancia. El organismo competente, perteneciente a la Generalitat, resolvió que las equivalencias establecidas eran correctas y por tanto no había lugar para la paralización de los contratos.
“Las guías sobre las que se establecieron las equivalencias están elaboradas por farmacólogos clínicos y avaladas por directores y jefes de farmacia de los hospitales asociados. Tenemos también el respaldo del Instituto Catalán de Oncología, ya que los fármacos afectados pertenecen a esta área terapéutica”, confirmaron a EG fuentes de los servicios jurídicos del consorcio catalán.
El problema es que entre los fármacos seleccionados en el área oncológica se encuentran varias moléculas biológicas, las cuales, a priori, no pueden ser sustituidas según las recomendaciones emitidas por la Aemps. Sobre este particular, fuentes de Amgen, una de las compañías que podrían quedar afectadas si se valida el concurso, expresaron su preocupación por el hecho de que “aunque la equivalencia es aceptable en otros casos, en los medicamentos biológicos hay que ser muy rigurosos”.
Adicionalmente, estas mismas fuentes declararon que “introducir cambios en el tratamiento de enfermedades tan graves solo por criterios económicos es muy peligroso. Todo lo que no sea aplicar criterios científico-técnicos será muy discutible”.
Desde el Consorcio de Salud de Cataluña han admitido que la introducción de productos equivalentes en los concursos responde a una necesidad clara de ahorro y a una creencia firme en la libre competencia. “Esto no es un capricho. De hecho es nuestra obligación como institución el velar por conseguir los mejores precios posibles”, aseguran. Incluso admiten que “los criterios económicos pesan más del 50 por ciento en la decisión final”. Pese a ello, no subestiman la necesidad de que los equivalentes respondan con la misma efectividad que los fármacos originalmente prescritos, para lo cual han presentado el aval de los expertos e instituciones aludidas anteriormente.
Además, están convencidos de que el enfado de la industria pasará. Según ellos, ocurrió algo similar cuando comenzaron a introducirse los genéricos. “Las compañías estaban radicalmente en contra pero al final acabaron participando en los concursos”, recuerdan desde este organismo catalán. De este modo confían en que esta modalidad se acabará extendiendo a otras comunidades, ya que es una práctica está extendida en el resto de Europa. “Por un lado es legal y por otro es el camino que ya se está siguiendo de los Pirineos hacia arriba”, dicen.
A partir de aquí solo queda esperar al dictamen del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, del cual depende la continuidad del concurso establecido. En este caso, el Consorcio de Salud y Social de Cataluña parece que podría contar con la colaboración de los laboratorios que desarrollan genéricos y equivalentes. “Ya nos han mostrado su conformidad con la forma en la que habíamos llevado el proceso y que en el juicio participarían defendiendo la legalidad de este sistema de compra, porque lo que promueve es la libre competencia”, concluyen.
