Carlos Arganda
Sevilla
La nueva resolución del Servicio Andaluz de Salud sobre armonización de los criterios de utilización de medicamentos en sus centros de salud (ver EG núm. 441) ha sido analizada en estos días por los agentes del sector, muy especialmente por la industria farmacéutica, que podría ver limitadas sus posibilidades comerciales en la región. No obstante, desde la patronal de la industria farmacéutica establecida en nuestro país, Farmaindustria, y tras realizar un primer análisis, consideran que esta nueva resolución es “mucho más flexible que la anterior, aunque dependerá de cómo se aplique”. Por ese motivo, a día de hoy, no está claro si la patronal procederá a interponer un recurso judicial, tal y como hiciera con la resolución fechada en febrero de 2008.
Emili Esteve, director técnico de Farmaindustria, encuentra importantes diferencias entre ambos textos, ya que la resolución anterior establecía la obligatoriedad del cumplimiento de las resoluciones y “era más radical y excluyente”, mientras que la nueva no lo contempla y explícitamente expresa el carácter no obligatorio de las guías farmacoterapéuticas.
Cuando un medicamento se autoriza se hace para todo el territorio nacional. Asimismo, cuando se financia se hace también para todo el territorio nacional. Por ese motivo, Esteve duda de que una resolución del SAS pueda hacer que no se financie un medicamento financiado. “Podrá hacer muchas recomendaciones para una utilización adecuada, pero justificar la prohibición es jurídicamente muy complicado”, indica.
Se podría decidir que algunos productos tengan una resolución desfavorable de inclusión en la guía para Andalucía, pero eso para Esteve no quiere decir que no se vayan a poder utilizar esos productos en esa comunidad autónoma. En cualquier caso, para el director técnico de Farmaindustria sería “complejo excluir determinados medicamentos que son de uso general”.
Procedimiento transparente
Más allá de los aspectos técnicos y jurídicos, Esteve no quiere pronunciarse sobre el hecho de que una región haya decidido hacer una evaluación en materia de eficacia, seguridad y eficiencia y que lo haga a través de una Agencia de Evaluación de Tecnonología Sanitaria para permitir tomar decisiones respecto al uso de un producto, siempre que se haga mediante y procedimiento transparente. Y el que establece esta nueva resolución, según él, “lo es”.
Por ese motivo, uno de los aspectos mejor valorados por Esteve es la posibilidad que se ofrece a las compañías de efectuar alegaciones a los informes previos a las decisiones de la Comisión Asesora que realice la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía (Aetsa). Una cuestión que permite dotar al procedimiento establecido de transparencia.
Preocupaciones
No obstante, Esteve teme que la dificultad y complejidad de la realización de evaluaciones de eficiencia a medicamentos nuevos, sin “una gran experiencia clínica”, perjudique a estos en las decisiones a tomar. No es la única gran preocupación, ya que otro de los asuntos que estudia la patronal farmacéutica es que algunos aspectos del apartado segundo pueden tener repercusiones en el “ámbito de la confidencialidad”. Pero, al igual que con el resto de la resolución, Esteve cree que “habrá que ver cómo evoluciona en la práctica” la puesta en funcionamiento de la resolución.
