carlos b. rodríguez
Madrid
En 1965, las compañías farmacéuticas europeas desarrollaron el 65 por ciento de las nuevas moléculas comercializadas en el mundo. Ese porcentaje se ha reducido a la mitad 45 años después, en favor fundamentalmente de Estados Unidos. Europa se enfrenta al reto de apostar por la innovación como motor de crecimiento en una coyuntura complicada, que puede afectar al gasto público en I+D+i. Establecer presupuestos cerrados para innovación, como señalaron algunos expertos durante la V Jornada de Política Farmacéutica Europea, organizado por Sanofi-Aventis, podría ser la solución.
En España, lo dicta la experiencia. La crisis de mediados de los noventa tuvo un impacto directo sobre los presupuestos públicos en I+D, que interrumpieron los incrementos que se habían registrado desde la aprobación de la Ley de Ciencia. Así, el esfuerzo económico medido en términos de PIB se redujo del 0,85 por ciento en 1990 al 0,81 por ciento en 1995.
La curva de recuperación iniciada desde entonces se puede quebrar en este ejercicio, según el PP. Cita como ejemplo el programa Ingenio 2010, aprobado hace apenas cuatro años pero “absolutamente incumplido en inversión”, según afirma Gabriel Elorriaga, portavoz del PP en la Comisión de Ciencia del Congreso. Su solución, para la futura Ley de Ciencia, está clara. “Igual que se planifica la construcción del AVE a Barcelona y se comprometen inversiones para una década, deberían tenerse claras las líneas de investigación y los instrumentos de financiación adecuados para que no se vean afectados por coyunturas cíclicas económicas”, manifiesta.
La evaluación económica
Ésta es, de hecho, una tendencia que se aplica o estudia para paliar un problema de tintes internacionales. No es la única. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, ha propuesto utilizar las patentes no bajo criterios de propiedad intelectual sino como un bien público global, y financiarlas como tal entre todos los gobiernos, cada uno según su nivel de renta. Joan Rovira, profesor de Teoría Económica de la Universidad de Barcelona, aboga por algo más factible: desvincular la innovación para la salud de otros tipos de innovación, para situarla y financiarla exclusivamente desde los ministerios de Sanidad.
Sin embargo, el punto de vista de los economistas sigue fijo en las decisiones de precios y reembolsos. El empleo de técnicas de evaluación económica para la ayuda a la fijación de precios se generaliza en muy pocos países, en algunos más se llevan a cabo experiencias tímidas y en la mayoría siguen relegadas al ámbito de las buenas intenciones.
España está dentro de este último grupo. Sus autoridades hablan de la evaluación económica desde los años noventa, pero las intervenciones que se realizan son “particularmente opacas”, según la profesora de Economía de la Universidad de Oviedo Laura Cabiedes. “Se menciona en la Ley de Garantías, pero no sabemos cómo se está usando”, dice. Los economistas apuestan por fijarse en los países que se lo toman más en serio, con el Reino Unido a la cabeza.
I+D traslacional
La financiación es un reto internacional en materia de innovación en salud, pero España tiene además otros problemas que afrontar si, como señala Joan Calabuig, portavoz del PSOE en la Comisión de Ciencia e Innovación del Congreso, “la industria farmacéutica está llamada a cumplir un papel central” para hacer de la I+D la salida a la crisis. En este sentido, los esfuerzos del sector son grandes, pero los resultados son relativos. Uno de ellos, la financiación empresarial. Según Elorriaga, “el gasto público no está actuando como tractor de la inversión privada, sino que la está sustituyendo”.
Por otro lado, ésta la balanza de pagos, que se incrementa año tras año. A ello se refirió el director del Carlos III, José Jerónimo Navas. El índice de cobertura es del 78 por ciento (superior a la media) en fármacos, pero del 36 por ciento en equipamientos médicos: por cada 36 unidades monetarias que exporta, España compra 100.
El director del Carlos III cree posible dar un giro a esta situación para hacer realidad la investigación traslacional. “Sólo cuando una patente entra en un programa que se instala en los centros y cuyo impacto se evalúa podemos decir que hemos hecho traslación e innovación en la prestación de servicios”, asegura.
