“La realidad es que la competencia para fijar la financiación de los medicamentos es estatal y no de las comunidades autónomas”. Así de contundente se mostró Beatriz Cocina, abogada de Uría Menéndez durante el debate sobre “Negociación y contratación pública. Derecho administrativo. Competencia autonómica en la prestación farmacéutica”, celebrado en el marco del XIII Curso de Derecho Farmacéutico, organizado por el Centro de Estudios para el Fomento de la Investigación (CEFI).
En este contexto, Cocina, aseguró que “cada día se presentan diferentes medidas autonómicas que restringen el acceso a la prestación farmacéutica y que, por tanto, son ilegales”. En este sentido, cree que el sistema de distribución de competencias entre el estado y las comunidades autónomas no funciona correctamente y lamenta que en la mayoría de los casos ambas partes tengan que acabar en el Tribunal Constitucional.
Una de las principales razones que podrían explicar la adopción de este tipo de medidas, según Cocina, sería la necesidad inmediata de reducir el gasto para ajustar presupuestos. En este sentido, considera que en muchas ocasiones algunas comunidades prefieren “invadir competencias antes de ejecutar las suyas propias”. En este sentido, cree que la mayoría de comunidades que adoptan iniciativas contrarias a sus competencias lo hacen al no querer “adoptar medidas de un mayor impacto de cara a la sociedad en general”.
Por su parte, Lucas Blanque Rey, letrado del Consejo de Estado y abogado del departamento de Derecho Público y Regulatorio Lupicinio Abogados International Attoneys, se preguntó porque el Tribunal Constitucional tarda tanto en pronunciarse sobre medidas como las subastas andaluzas. Así, recordó que la última reforma de la Ley de Garantías ya deja claras las competencias del Estado y de las comunidades en este ámbito.