Cuando María Chivite pasó a ser la nueva portavoz del PSOE en el Senado, la dirección del Grupo Socialista en la Cámara Alta decidió sustituirla al frente de la Comisión de Sanidad por una médico de familia, gran conocedora del sector, la senadora por Alicante Encarna Llinares. EG ha hablado con ella.
Pregunta. Susana Díaz se ha sumado a quienes apuestan por reformular el Senado. ¿Cómo habría que hacerlo?
Respuesta. Teniendo claro que hay que hacer una reforma lo antes posible para que sea una verdadera cámara de representación territorial y de primera lectura en cuestiones que afectan a territorios y comunidades, tenemos que decir que en estos momentos el Senado es útil, aunque podría serlo más. Tenemos que reformar la Constitución para blindar las cuestiones más importantes y evitar que dependan del color político del Gobierno y de los vaivenes de la crisis.
P. ¿Se puede materializar esto en la Sanidad pública, como pide el PSOE?
R. El PSOE la dejó en el 6,5 por ciento del PIB. Lo que queremos es una financiación suficiente y adecuada y que todas las personas, independientemente del lugar donde residan, tengan garantizadas las mismas prestaciones. Puede ser el 6,5 o el 7 por ciento, pero hay que garantizar igualdad de oportunidades, algo que no ocurre con los recortes que estamos viendo. Más de 800.000 personas no tienen derecho a la Sanidad. Esto es un retroceso social y un riesgo para el resto de ciudadanos.
P. Comunidades y Ministerio se pasan la pelota sobre la evaluación del 16/2012. ¿Quién debe hacerla?
R. Está demostrado que estos recortes que han perjudicado a los más vulnerables. Han sido reformas ideológicas, más que de ahorro. Está claro que es el Gobierno el que tiene que hacer esa evaluación. No porque lo diga el partido socialistas sino porque la ley de Salud Pública del año 2011, que no se ha llegado a implantar y está vacía de contenido, especifica de forma muy clara que todas aquellas medidas que se implanten se tiene que hacer evaluación del impacto en la salud de las personas.
P. El Pleno del Senado acaba de abordar una moción del PP para facilitar la integración entre niveles asistenciales. Toda la oposición estaba a favor pero aún así la votó en contra. ¿Es que el 16/2012 no ha dejado ni un margen mínimo de acuerdo?
R. No es una cuestión del Real Decreto. Hace más de 30 años que hablamos de la coordinación entre Primaria y Especializada, pero si presentan mociones sin compromiso económico y presupuestario son mociones cupo de cara a la galería que no se traducen en hechos reales. Para que algo funcione hay que apostar de verdad por ello y eso requiere recursos, como debería ocurrir con los presupuestos en materia de promoción y prevención.
P. ¿Cómo los valora?
R. Los presupuestos han aumentado en términos absolutos en 11 millones, pero las partidas en Sanidad, cohesión, estrategias… han disminuido. Hay 3,4 millones de euros para las estrategias de salud, cuando en la última legislatura socialista hubo 17. Aunque las comunidades tienen las competencias, no podemos olvidar que el Estado tiene que velar por la cohesión para que no haya desigualdades en salud. Desafortunadamente, hoy hay muchas.
P. La situación actual también ha llegado a poner sobre la mesa la devolución de competencias al Estado… ¿Qué le parece?
R. No. Las comunidades tienen las transferencias. Hay quien las gestiona mejor o peor. Es el ejemplo de la Comunidad Valenciana, donde fui portavoz en las Cortes. Es terrible lo que está pasando allí. Por tanto, el ministerio tiene que liderar con suficiencia financiera y tiene que garantizar las mismas prestaciones. En estos momentos, la cartera de servicios abre la puerta a que haya unas prestaciones mínimas básicas y otras dependiendo de las comunidades. No hay ningún liderazgo porque han decidido que el Ministerio de Sanidad no lo dirija Mato sino el señor Montoro. Yo creo que los presupuestos son el reflejo de las prioridades del Gobierno. Me quedé muy preocupada cuando leí la letra de los presupuestos que decía que el objetivo es profundizar y culminar la reforma del RD16/2012 y habla de los copagos en transporte sanitario no urgente, ortoprótesis y dietoterápicos. Es preocupante porque como se paralizaron pero no se quitaron del Real Decreto, podríamos ver nuevos copagos.
P. El PSOE también propone garantizar la incorporación de innovaciones terapéuticas de una manera más eficaz y rápida. ¿Es posible con la actual coyuntura económica?
R. Sí. Siempre hay que primar el derecho a la salud sobre los intereses económicos. Se puede buscar eficiencia en otros ámbitos. ¿Por qué se empeña el Gobierno en demonizar la subasta de Andalucía? Si hay un medicamento que la evidencia científica demuestra que es válido para curar una enfermedad, cueste lo que cueste, el enfermo tiene derecho a tener el medicamento y el liderazgo lo tiene que llevar a cabo el ministerio. Estamos hablando de la última innovación, sofosbuvir DCI. Nos alegra muchísimo que haya salido adelante, pero han pasado nueve meses desde que la EMA lo autorizó. ¿No es injusto que aquellas personas que se lo podían pagar se lo pagasen? Para el PSOE lo más importante es tener garantizado que si tenemos un problema de salud vamos a tener los mejores profesionales y los mejores medicamentos para curarlo. El liderazgo lo tiene que hacer el ministerio.
P. ¿Cuál es su postura en el debate de los biológicos? ¿Debería establecerse un trato diferencial en lo médico y en lo económico y legislar su exclusión en los precios de referencia?
R. El derecho a tener los mejores medicamentos con rigor y evidencia científica está por encima de los intereses económicos.
P. ¿Cómo valora el anuncio del traspaso de la EMA a Industria?
R. Cuando lo oímos no dábamos crédito. Estamos hablando de salud. La farmacia forma parte del SNS; que se vaya a Industria es ver el medicamento más como industria que como salud. Estamos totalmente en contra. De hecho, el grupo socialista ha remitido una queja para que no se lleve a cabo.
Los presupuestos de Sanidad para el año 2015 para son un reflejo de las prioridades del Gobierno”
Hay que primar el derecho a la salud. ¿Por qué se empeña el Gobierno en demonizar la subasta de Andalucía?”