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España ocupa el antepenúltimo lugar de la Unión Europea en lo referente a comercio exterior de alta tecnología, solo por delante de Portugal y Grecia. Resulta paradójico, como subrayó Manuel Desco, jefe de Servicio de Medicina y Cirugía Experimental en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, ya que el país “es bueno y está en el lugar que le corresponde” en cuanto a producción de conocimiento. El problema, ampliamente tratado durante el MIHealth Forum celebrado en Barcelona, es que no se transfiere el conocimiento. El indicador es el número de patentes, donde España se sitúa a la cola.
Según Desco, el proceso de transferencia en los hospitales está dañado por un marco legislativo “muy rígido” y una falta de implementación de estructura de workflow. “No somos capaces de ponernos en la vía correcta, pues ni formalizamos procesos ni identificamos a los socios externos que necesitamos para una correcta transferencia”, apuntó.
En este escenario, la Red Itemas, creada en 2010 por el Instituto de Salud Carlos III, persigue resultados internos, como establecer criterios de autoevaluación, detectar recursos tecnológicos externos o crear unidades de apoyo a la innovación; y resultados externos, como la metacoordinación entre entes como Fenin, las comunidades autónomas y el Ministerio, y la creación de un mapa de recursos como modelo de información, hoy inexistente en España.
Ignasi Costas, socio de Rousaud Costas Duran SLP, ensalzó la necesidad de un modelo de incentivos claro. Éste “funcionaba bien” para los organismos públicos de investigación (OPI), pero no era aplicable a centros de investigación autonómicos ni hospitalarios. Sin embargo, la Ley de la Ciencia concede un mandato a las CC.AA. para regular en materia de incentivos, si bien no todas lo han hecho, como Madrid. También se ha habilitado un mecanismo para compensar el esfuerzo de los investigadores en cuanto a propiedad intelectual.
La Ley de la Ciencia establece también una previsión que no está aún desarrollada, que da libertad a las CC.AA. para que regulen los procesos de transferencia evitando pasar por normativa pública.
