En el concurso de nuevas farmacias abierto en Comunidad Valenciana, las adjudicaciones de dos boticas ubicadas en Castell de Cabres y Herbés (Castellón) han quedado desiertas. ¿El motivo? Probablemente, el desinterés profesional y económico por ejercer en unas localidades que cuentan con 17 y 74 habitantes, respectivamente. Sin embargo, no es la primera vez que ocurre, ya que, según confirma Sergio Marco, secretario técnico del COF de Castellón, “estos establecimientos ya formaban parte de anteriores concursos, en los que también quedaron sin adjudicar”.
Ejemplos como este avivan el debate sobre si, en el actual contexto económico en el que se mueve el sector, son necesarias y viables nuevas farmacias en España. Un debate que contrapone el derecho de los ciudadanos a disponer de servicios farmacéuticos próximos a su domicilio, en especial en nuevos núcleos de población, con la rentabilidad que debe tener una actividad económica.
Quizá, en el término medio se encuentre la solución. “Los concursos son necesarios, pero también es cierto que las administraciones deberían garantizar que esas nuevas farmacias sean rentables”, indica al respecto Ignacio Romeo, presidente electo del COF de Guadalajara.
Como en el caso de Castellón, Romeo confirma que “en algunos de nuestros concursos regionales se han incluido farmacias en pueblos con escasa población, que nos ha hecho plantearnos qué profesional iba a asumir el riesgo de establecer allí su negocio”, confirma el presidente alcarreño. Y es que, cabe recordar que, dentro de sus diversas propuestas en aras de la sostenibilidad del sistema sanitario, desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos ya se sugirió la posibilidad de que la convocatoria de nuevos concursos estuviese sustentada en informes de viabilidad de los nuevos establecimientos ofertados.
Farmacia rural
Si hay un claro ejemplo de farmacias al límite de su viabilidad y sobre la que cualquier ampliación de la red de oficinas de farmacia podría cronificar sus síntomas, esas son las boticas rurales. Sin embargo, desde la Sociedad Española de Farmacia Rural (Sefar) se considera que, a pesar de su afectación directa, no es un debate en el que la farmacia tenga en su mano la solución. “Es responsabilidad de las administraciones decidir cómo regular sus servicios farmacéuticos”, indica Javier Guerrero, presidente de Sefar.
Guerrero ejerce en Andalucía, una autonomía en la que se encuentra abierto un concurso por el que se adjudicarán 312 nuevos establecimientos. No obstante, recientes sentencias judiciales instan a permitir la participación en él a farmacéuticos mayores de 65 años, lo cual obliga a replantear todo el proceso de autorizaciones.
Precisamente, toda vez que el concurso se encuentra muy avanzado, con la práctica totalidad de farmacias ya adjudicadas, la Consejería de Salud de Andalucía se plantea como solución aumentar la cifra de farmacias en juego del concurso, decisión que no agrada a los colegios farmacéuticos andaluces.
