Buenaventura Fernández. Las recientes solicitudes efectuadas por una de las partes del litigio y por la asociación Plafarma para la “ejecución forzosa” de la sentencia dictada en junio por el Tribunal Supremo, que declaró nulo el concurso de nueva adjudicaciones de farmacias en Canarias del año 2001, han puesto a la Consejería de Salud de esta región entre la espada y la pared. Y es que estas peticiones reducen las posibilidades de encontrar una solución pactada que evite el cierre de las 198 boticas afectadas. Estas peticiones se han efectuado una vez se ha sobrepasado en dos meses el plazo que la Consejería tenía para llegar a un acuerdo, un tiempo en el que, según se indica desde la Dirección General de Farmacia, “se estudiaba la mejor fórmula de darla cumplimiento”. Una pena estudiar tanto para finalmente no poder presentarse al examen.
