El director general de la patronal de la industria innovadora radicada en España, Farmaindustria, Humberto Arnés, y el presidente de la cooperativa líder en el mercado español de distribución de medicamentos, Cofares, Carlos González Bosch, lo tenían claro desde el principio: había que desfinanciar medicamentos y fármacos para síntomas menores y preservar la terapéutica curativa más vanguardista. Ahora la industria farmacéutica y sobre todo las corporaciones más emblemáticas de la industria del medicamento pelan la cebolla corporativa quitándose red de venta para la prescripción facultativa y girando el eje de su actividad hacia la oficina de farmacia. A este respecto, pienso que es muy importante destacar que el cambio de modelo que se impone consiste en revisar la dimensión de los recursos humanos de las industrias y buscar alternativas a la prescripción para mantener la facturación.
Coincide en mi cuaderno de bitácora este asunto sobre la desfinanciación de medicamentos aprobada por el Ministerio de Sanidad que dirige Ana Mato con el ‘Programa Consigue’ que rubricó la presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Carmen Peña, con ilustres profesores. En ellos, quiero destacar por su sello académico a María José Faus Dáder y al doctor Miguel Ángel Gastelurrutia Garralda, de Granada. Y también, cómo no, al profesor Shalom I. Benrimoj, de la Universidad de Sidney, en Australia.
Decía la presidenta de los farmacéuticos españoles que “las personas mayores con enfermedades crónicas utilizan entre el 70 y el 80 por ciento de los recursos sanitarios de nuestro país”. Asimismo, Peña manifestaba que “en España el número de mayores de 65 años polimedicados es superior al 11 por ciento y llega hasta el 40 por ciento en las personas que viven en instituciones, lo que está condicionando un aumento considerable de la aparición de efectos no deseados de los medicamentos, y en consecuencia un incremento de visitas a urgencias e ingresos hospitalarios”.
Sobre este particular, les digo que he hablado con el profesor Benrimoj sobre este asunto y me ha matizado la posibilidad de que con el ‘Programa Consigue’, deducidas las investigaciones realizadas en Cádiz y Guipúzcoa mientras se está trabajando ahora en Granada, Las Palmas y Tenerife en alrededor de 250 oficinas farmacias, se puede inducir que el ahorro por persona-paciente polimedicado podría estar entre 180 y 300 euros.
Este profesor de Práctica de Farmacia explicaba que “alrededor del 17 por ciento de la población española es pensionistas y si estimamos que eso son 7,2 millones de pacientes y calculamos que a 3,6 millones de pacientes se puede dar este servicio, se ahorra 180 euros por paciente y el Sistema Nacional de Salud podría ahorrar 150 millones de euros por año. A este respecto hay que decir que se trata de datos calculados con datos de Cádiz, pero, sin embargo, dan una idea clara y precisa de la cantidad de dinero que se podría ahorrar y al mismo tiempo solucionar problemas de salud y mejorar la calidad de vida”.
Está claro, que la horquilla de ahorro podría llegar hasta los 300 millones de euros. Y aquí hay que decir, por cierto, que se me ocurre que si los médicos estamos atentos y los farmacéuticos también podría evitarse que nos limitaran el sueldo, nos dieran la paga de Navidad y encima hasta podríamos conseguir algún día que se diera alguna contraprestación pública a la Atención Farmacéutica. Es lo que hay. Seguro.
