| jueves, 19 de julio de 2012 h |

El pleno del Tribunal Constitucional decidió levantar la suspensión de cinco meses que pesaba desde el pasado 2 de abril contra la decisión de la Junta de Andalucía de convocar subastas para la selección de medicamentos cuando las recetas médicas y órdenes de dispensación del Sistema Nacional de Salud se hagan a través de prescripciones por principio activo. De esta forma, el Tribunal Constitucional acepta los argumentos expuestos por la Junta de Andalucía de levantar la suspensión cautelar que pesaba sobre las subastas hasta que decida sobre el fondo de la cuestión, que queda desvinculado de la decisión adoptada ahora, ya que de su mantenimiento podrían derivarse “perjuicios de imposible o difícil reparación”.

Así, el auto dictado por el pleno del Tribunal Constitucional acepta los argumentos de la Junta de Andalucía que precisaba que el mantenimiento de esta medida cautelar produciría “un grave quebranto económico en la hacienda pública autonómica”, ya que “tensionaría” la reducción de 159 millones de euros en el gasto farmacéutico previstos en los presupuestos autonómicos. En este sentido, desde la Junta de Andalucía se precisaba que el mantenimiento de esta medida afectaría al Plan de Ajuste que se exige para acogerse al mecanismo de pago a proveedores y que, al tiempo, “comprometería los objetivos de reducción del déficit público perseguidos por el Gobierno del Estado”.

Sobre estos motivos económicos, el tribunal señala, sin pronunciarse sobre el fondo del asunto, que “las administraciones públicas con competencia en la materia tienen la obligación de distribuir equitativamente los recursos públicos disponibles a fin de garantizar la sostenibilidad del sistema público favoreciendo el uso racional de los medicamentos e instaurando políticas de contención del gasto en este ámbito”. Es decir, que los 44 millones de ahorro que supondría esta medida en este ejercicio “es suficientemente ilustrativa de los efectos que, sobre la reducción del gasto farmacéutico y la correlativa sostenibilidad del sistema público sanitario, puede producir la aplicación de la medida suspendida”, algo más relevante si cabe en un marco de crisis económica como el actual.

Por otro lado, el Tribunal Constitucional descartó que, tal y como precisaba el abogado del Estado, se produjese un perjuicio para los pacientes andaluces por la variabilidad en los tratamientos. A este respecto, el tribunal precisa que “es claro que el modelo estatal, con su preferencia por la prescripción por principio activo y la introducción del precio como criterio en la dispensación y sustitución de medicamentos, implica que va a ser siempre dispensada la presentación comercial de precio menor, con independencia de que sea la misma que hubiera venido tomando el paciente con anterioridad”.

Igualmente, el auto descarta que levantar la suspensión pudiese producir una reducción de la calidad y eficacia de la prestación farmacéutica ni que esté justificado un hipotético riesgo de desabastecimiento. Del mismo modo, el auto señala que tampoco lesiona los intereses de los laboratorios y empresas farmacéuticas no seleccionadas en las subastas, ya que sus intereses “no pueden prevalecer sobre los generales de reducción del gasto farmacéutico”.

Un tira y afloja

El último capítulo de la actuación emprendida por el Gobierno central contra las subastas tuvo lugar en el Consejo de Ministros del pasado 13 de julio, en el seno del cual se decidió recurrir el Decreto-ley de 13 de diciembre de 2011, por el que se aprobaron las medidas urgentes sobre prestación farmacéutica del sistema sanitario público de Andalucía. Este recurso vino acompañado de un conflicto positivo de competencia contra el Gobierno del País Vasco, en este caso, por desligarse del nuevo copago. En el caso de Andalucía, el Gobierno volvió a alegar que el mencionado decreto-ley vulneraba las competencias estatales en materia de legislación farmacéutica al establecer normas reguladoras de la prescripción de medicamentos careciendo de competencia para ello, así como en materia de sanidad al modificar la cartera de servicios establecida con carácter básico por el Estado.

Este paso supuso el primero dado por el Gobierno desde que la responsable de la Sanidad andaluza, María Jesús Montero, anunciara que desde el 1 de junio las boticas andaluzas debían dispensar nueve de las 13 presentaciones subastadas, “las que coinciden con el precio más bajo”. De este modo, la normativa andaluza buscó adaptarse en el último momento a la estatal, según la cual las farmacias debían dispensar el medicamento de precio más bajo, en cumplimiento del RDL 16/2012.

Previamente, el Gobierno trató de de atacar las subastas por todas las vías dejando de lado la tibieza con la que se enfrento a la medida antes de conocer el resultado de las elecciones autonómicas andaluzas. Así, el 2 de abril, interpuso ante el Tribunal Constitucional un conflicto positivo de competencias contra la Resolución del Servicio Andaluz de Salud publicada el 1 de febrero por la que se procedía a la primera convocatoria de subastas andaluzas. Su admisión a trámite, 8 de mayo, supuso la suspensión cautelar de la medida que se retrotrayó a la fecha en la que se presentó el recurso.

Sin embargo, este paso adelante vino acompañado de un varapalo por parte del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Sevilla, donde se tramitaba un segundo recurso presentado por el Gobierno contra la licitación. En este caso, se consideró que el Ejecutivo Central se excedió en su intento de tumbar la iniciativa andaluza dado que este asunto ya lo estudiaba el Tribunal Constitucional.

Por su parte, en febrero, el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (Cacof) y la patronal Ceofa también presentaron sendos recursos de alzada contra la primera convocatoria. En cualquier caso, esta quedó descafeinada puesto que el 23 de marzo solo firmaron el convenio cuatro de las 11 compañías que salieron adjudicatarias el 19 de marzo. El resto, por prudencia, dio plantón al SAS a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronunciara. Este hecho motivó que Montero anunciara que su departamento estaba estudiando acciones legales contra varios de los laboratorios que “notificaron que no iban a firmar estos contratos por las presiones que le han ejercido el mismo Ministerio de Sanidad”. De esta forma, la consejera explicó que la “amenaza” consistía en “una bajada del precio de medicamentos que están autorizados por el ministerio para toda España”.