Un “retroceso” en la incorporación de la innovación farmacéutica; una “fuerte ralentización” de la penetración en el lanzamiento de genéricos; una situación económica “complicada” para la distribución; un contexto jurídico-social “poco tranquilizador” para la oficina de farmacia… El autorretrato del sector farmacéutico que se ha dibujado en el Libro Blanco de la Sanidad de la CEOE es resultado de años de ajustes y de la decisión de aprobar una financiación en reducción progresiva ante unas necesidades crecientes. La situación, según los agentes, puede agravarse si no se adoptan medidas estructurales en los terrenos político (priorizar la sanidad), financiero (en sintonía con la inversión europea), organizativo (orientar el modelo hacia la cronicidad) y normativo (conciliar la estabilidad normativa con la adecuación del ordenamiento jurídico a las necesidades actuales).
Aunque los partidos ya han aclarado su intención de no modificar sus programas electorales en materia de Sanidad, lo cierto es que quien logre formar Gobierno tras el 26 de junio tiene a su disposición una hoja de ruta sectorial exhaustiva en la que apoyarse. Lo mismo ocurre para los ejecutivos regionales, responsables de la gestión y también de algunas de las decisiones regulatorias que lastran al sector.
Propuestas sectoriales
El impacto regulatorio sobre el sector no sólo viene de los Reales Decretos-ley; sino también de determinadas decisiones autonómicas. Juan Rosell, presidente de la CEOE y Carlos González-Bosch, presidente de su Comisión de Sanidad, resaltaron la necesidad de cohesionar la política farmacéutica como vía para garantizar el acceso de los pacientes a los tratamientos más novedosos y revertir la contracción de la inversión en la industria.
La necesidad de garantizar la unidad de mercado y la cohesión del Sistema Nacional de Salud es un eje en el Libro Blanco que abarca a varias de sus recomendaciones más importantes: despolitizar la Sanidad; dar más seguridad jurídica a operadores y proveedores; desarrollar las estrategias de salud y conseguir un “cumplimiento estricto” de la política farmacéutica estatal, mediante el liderazo del Ministerio y una mayor coordinación en el Consejo Interterritorial. Según González Bosch, probablemente la etapa consultiva de este foro “ya haya pasado y deba tener un carácter más ejecutivo”.
Las propuestas de cara a la industria se completan con incrementos de inversión en sanidad (recuperando en 2020 el 6,5 por ciento de 2009); la priorización de la política industrial; una reforma del sistema de financiación que acabe con las diferencias per cápita y un reconocimiento del medicamento como inversión y de la industria como motor de desarrollo y como socio estratégico del SNS.
En el caso de la distribución, el informe alerta sobre la evolución de una serie de factores sobre los que los almacenes de amplia gama no tienen control y que están alterando el equilibrio del modelo. Para ellos se propone un mayor control a la efectiva comercialización y abastecimiento por parte de laboratorios cuyas especialidades tengan el precio más bajo; considerar compensaciones por aplicación del sistema de precios menores; una reducción en los impuestos sobre hidrocarburos; incentivar la innovación y el acceso a la financiación en la implantación de tecnologías que faciliten la logística y valorar la eficiencia de sus empresas del sector.
En el caso de las farmacias la situación se complica todavía más debido a los impactos acumulados provocados por las continuas medidas de ajuste y del control del gasto, los retrasos en los pagos derivados de la insuficiencia presupuestaria y las presiones, tanto internas como externas, para liberalizar el modelo. La oficina de farmacia recibe el mayor número de recomendaciones, un total de 16, lideradas por uno de los grandes retos de futuro del sector: desarrollar una cartera de servicios amplia que incorpore la concreción de un mecanismo para su retribución y/o financiación, sin que dicha retribución incida en el margen profesional. El Libro Blanco también menciona la necesidad de devolver a la farmacia los fármacos que, “siendo de Diagnóstico Hospitalario se han convertido en Dispensacion Hospitalaria y que en la mayoría de los supuestos han sido eliminados de este canal por cuestiones economicistas”.
Otras de las propuestas pasan por intensificar las relaciones con el Ministerio para “profundizar en una visión empresarial” de la oficina de farmacia; eliminar el sistema establecido de aportaciones, descuentos y deducciones; mejorar los sistemas de gestión; flexibilizar los horarios de apertura y establecer una política firme de reducción de los plazos de pago por la Administración.
“Las empresas privadas de la sanidad no estamos para confrontar con la sanidad pública, sino para colaborar con ella”. Con esta frase resumió el presidente de la Comisión de Sanidad de la CEOE la necesidad de alejar la colaboración público-privada del debate partidista. Uno de los mensajes más claros del Libro Blanco es precisamente ése: la necesidad de no hablar de sanidad pública y privada como dos elementos diferentes, sino como dos partes complementarias, sobre todo a la luz de los problemas de sostenibilidad que registra el Sistema Nacional de Salud.
“Un SNS que ha sido con anterioridad, casi, exclusivo responsable de la protección de la salud de todos los españoles, en un escenario únicamente público, hace tiempo que, de haber seguido esa exclusiva trayectoria, se hubiera visto incapaz de afrontar las exigencias tanto económicas para su subsistencia como sanitarias para atender a la demanda de la población”, asegura el Libro Blanco, que no escatima en cifras para apoyar el valor de la sanidad privada en términos de crec imiento económico y de ahorro para el sistema público. Sus autores lo subrayan también en el caso de la industria farmacéutica, al solicitar a los gobernantes que consideren el hecho de que “más de un tercio de las inversiones del sector farmacéutico en I+D se realizan en colaboración con centros públicos”.
