El debate en el CISNS se centró en dos propuestas, aunque no se puso ningún texto sobre la mesa: la actuación sobre el SPR o la bajada lineal
El sector envió a Sanidad propuestas de modificación, a las que la ministra respondió que la decisión correspondía al Gobierno y Parlamento
REDACCIÓN
Madrid
Pocas semanas tan estresantes ha vivido el sector sanitario como la que siguió al Consejo Interterritorial que, a bombo y platillo, se vendió a la opinión pública con el eslogan de que ‘un pacto entre las fuerzas políticas es posible’. En este caso, en sanidad. Pero aunque el sector ha participado en las tareas de elaboración del pacto y en la subcomisión creada para su estudio en el Congreso de los Diputados, no se sienten partícipes de él ya que, por no tener, no han tenido ni información. La expectación con la que se vivió la jornada del 18 de marzo dejó pronto paso a la indignación y sorpresa de casi todos los agentes.
Parece acertada la idea de que a esa situación se llegó gracias al consentimiento ciego del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Para dejar clara la unanimidad con la que se celebró el pleno, todos los consejeros de Sanidad se subieron a la palestra para sacarse una foto con la ministra Trinidad Jiménez, pero la realidad es que se marcharon a sus respectivas autonomías sin haber visto un borrador que en aquel mismo momento ya circulaba por las redacciones de algunos medios de comunicación. Entre ellos EG.
La coordinadora de Participación Social del PP, Ana Pastor, no tardó en poner en cuarentena unos acuerdos que los consejeros de su partido parecían haber dado por válidos. Según Pastor, las medidas anunciadas eran simples parches. La más grave, la reducción del precio de los genéricos, que a su juicio provocaría el cierre de muchas empresas.
Durante el fin de semana el PP había condicionado su apoyo a varias premisas. La primera, que ninguna medida conllevase recortes en el bienestar de los ciudadanos, ni en sanidad, ni en dependencia. La segunda, que la actuación se centre en medidas estructurales, que garanticen la sostenibilidad del sistema a 10 ó 20 años. Y la tercera, que el desarrollo legal de los principios básicos que se habían esbozado en el Interterritorial incluyeran una memoria económica del impacto real de cada medida. Para entonces, la letra pequeña de todo lo acordado en el pleno del ministerio y las autonomías, el Real Decreto-Ley de Racionalización del gasto farmacéutico con cargo al Sistema Nacional de Salud, ya hacía estragos en los agentes del sector.
Los primeros en quejarse fueron las oficinas de farmacias. Varias patronales alertaban ya de que, de ser ciertas tales medidas, acarrearían un fuerte impacto, con graves consecuencias económicas y sanitarias. Junto a las farmacias, las compañías de genéricos y las de productos sanitarios, afectadas ambas por fuertes bajadas de precios, que auguraban recortes en plantilla, fábricas e I+D.
Incluso en el ámbito de la industria innovadora llegó a cundir el pánico. Allí, los árboles impidieron ver el bosque. La alegría inicial con la que se recibió la decisión del Interterritorial de no acometer una bajada lineal del precio de los medicamentos dio pronto paso a la realidad del borrador que se manejaba que, pese a no establecer medidas contra los medicamentos innovadores, sí que afectaba a un gran número de empresas asociadas a Farmaindustria.
Divide y vencerás
Según ha podido saber este periódico, varias compañías trasladaron a la patronal de la industria innovadora su disgusto y enfado por no haber visto las consecuencias para el sector más allá de los efectos de una rebaja lineal de precios. Esta situación contrasta con la de otras compañías, que no sufrirán los efectos de las medidas a tomar, ya que no tienen ningún producto en Sistema de Precios de Referencia o próximo a entrar, por lo que lo único que temían era la bajada lineal. Con ello, el debate dentro de la industria farmacéutica innovadora, sin llegar a división, ha desactivado una reacción conjunta y firme de la patronal, que no ha acertado a decir más que la situación será complicada para el sector y que no corrige el déficit crónico del Sistema Nacional de Salud.
En este sentido, desde el sector se señala que se ha tratado de una estrategia por parte del Ministerio de Sanidad que ha evitado el enfrentamiento directo con Farmaindustria, ya que son más las compañías que salen indemnes del encuentro, al tiempo que pueden esgrimir el mensaje de evitar dañar a la innovación. Así, se ha podido comprobar el desencuentro vivido en el seno de la patronal en las distintas reuniones que los distintos grupos que conforman los asociados de Farmaindustria celebraron durante la pasada semana. Reuniones que han estado centradas en dos temas: el efecto económico, muy concentrado sobre un determinado número de compañías, y la alarma por la eliminación del reconocimiento de las innovaciones galénicas dentro del sistema de precios de referencia, que sí podría afectar a todas.
No obstante, la mayoría de ellas son conscientes del limitado efecto global que las medidas pueden producir, especialmente a lo largo de 2010. Por ello, temen que una vez finalizada la Presidencia europea de nuestro país, sea probable la puesta en marcha de nuevas medidas, entre las que no se descarta la bajada lineal. Una posibilidad que acabaría, no obstante, según precisan, de machacar al sector.
Improvisación
En este ambiente de tensión, las críticas a la improvisación de los responsables del ministerio arreciaban alentadas por el hecho de que al propio CISNS entraran, al menos, dos propuestas de actuación diametralmente opuestas: la que salió y una rebaja lineal para todos los medicamentos por tramos en función de su tiempo en el mercado que fue desechada por el impacto en la innovación. Con todo, desde el sector se han mantenido reuniones con responsables de Sanidad, principalmente José Martínez Olmos, secretario general de Sanidad, y Alfonso Jiménez Palacios, director general de Farmacia, para trasladar su preocupación por las medidas que se rumorea, ya que no había nada oficial, que podían llevarse a efecto.
Estas reuniones dieron como resultado que Sanidad aceptase el envío de propuestas por parte del sector, aunque en su gran mayoría éstas no fueron tomadas en cuenta por los responsables de Sanidad. Y es que, tal y como aseguró la propia ministra a Europa Press, la decisión era “política” y debían ser el Gobierno y los grupos parlamentarios, y no los agentes, quienes tenían que apoyar el real decreto-ley para que saliese adelante.
‘Decretazo’
Las palabras de Jiménez dejaron claro al sector que sus quejas y propuestas enviadas a Paseo del Prado poco o nada iban a cambiar el texto, que recorta drásticamente el gasto en medicamentos, ya que la figura legal utilizada, un real decreto ley, disculpa al Gobierno de abrir un periodo de audiencia con los sectores afectados. Una realidad que altos cargos del ministerio se han encargado, a su vez, de dejar claro a todos los agentes del sector con los que ha tenido oportunidad de dialogar en estos días.
Es más, explícitamente, el Ministerio de Sanidad se negó a entregar de manera oficial el texto del real decreto-ley, ya que, como dijo en varias ocasiones a lo largo de la semana un alto cargo del Sanidad, “nunca saldrá del ministerio el texto” borrador de un real decreto legislativo. Con ello, el sector ha trabajando y ha hecho sus cuentas para imaginar los escenarios futuros gracias a un texto procedente de una filtración periodística. Un documento que no contó con la confirmación oficial, sí oficiosa, de que fuese el que estuvo sobre la mesa durante toda la semana pasada.