Los agentes del sector ponen en común sus posiciones ante las dificultades y debates existentes en torno a la sostenibilidad del SNS

FEFE, Fedifar, Anefp, Aeseg, OMC y Semergen temen que las medidas que se tomarán ante la crisis no sean estructurales

| 2010-03-12T15:45:00+01:00 h |

c. r. / j. m. l.

Madrid

Pocas veces las decisiones de una Administración van de la mano con los deseos del sector. En tiempos de crisis, como el actual, esta diferencia puede acuciarse si se opta por soluciones coyunturales y no estructurales. En opinión de los agentes del sector, ya ha ocurrido y volverá a suceder. Reunidas por EG, las principales organizaciones y patronales del sector farmacéutico y médico (FEFE, Aeseg, Fedifar, Anefp y la OMC), con la colaboración de Semergen, han puntuado una propuesta de sostenibilidad basada en 27 posibles iniciativas. La realidad observada a partir de los datos recopilados muestra la enorme distancia entre lo que los profesionales entienden que deberían ser las líneas de actuación de las administraciones públicas y lo que realmente esperan de ellas.

En esta puesta en común de posiciones ante la dificultades y debates existentes en torno a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, los agentes rechazan como tónica general todas aquellas medidas que temen que se van a implantar, a la vez que manifiestan su deseo de implementar una gran batería de propuestas que, a su juicio, no se tendrán en cuenta. Éstas se desarrollarían, según los representantes del sector, principalmente en tres ámbitos: incrementar y mejorar los presupuestos sanitarios, corresponsabilizar al paciente de su salud y mejorar los procesos y la dotación en el ámbito de la asistencia sanitaria.

De las cinco propuestas vinculadas a los presupuestos, si algo no entra en la cabeza del sector es la idea de reducir el peso que la sanidad tiene en el presupuesto total de las comunidades autónomas. Pero existe la creencia generalizada de que las otras cuatro son eficaces, sobre todo a largo plazo. Y muy deseadas: incrementar el presupuesto sanitario para aproximar el porcentaje sobre PIB al que existe en otros países de nuestro entorno; mejorar la financiación de las comunidades; incrementar las partidas destinadas a inversión en prevención e implantar un sistema de presupuestos sanitarios finalistas. No obstante, el mismo consenso se observa a la hora de determinar si piensan que esas medidas se pondrán en marcha. Nadie lo cree.

El debate financiero está avivado por lo que los agentes consideran como “elementos de incertidumbre” que el presidente de la OMC, Juan José Rodríguez Sendín, resume en falta de información: “Los presupuestos no son ciertos y creo que se están liquidando mal. Tampoco sabemos los resultados que se están produciendo en las comunidades, con unas inversiones que son dispares”, manifiesta.

Y ante la consiguiente certeza de que, cuanto más dinero haya más gastará el sistema, los agentes inciden en la necesidad de priorizar el gasto, previo diagnóstico de situación. “Y no prioricemos sólo en el medicamento. Es lo más fácil, pero tiene un problema: que ya no queda, porque lo han hecho todos”, añade Rafael García Gutiérrez, director general de Anefp.

Precisamente, esta convicción de que no habrá mejoras financieras condiciona el segundo gran apartado en el que los participantes muestran, sin probabilidades de éxito, un mayor deseo de actuación. Y es que, sin un incremento presupuestario, poco se podrán mejorar los procesos y la dotación de recursos en el ámbito de la asistencia sanitaria.

No todas las medidas en este ámbito convencen, en cuanto a efectividad, por igual. La más valorada se refiere al incremento de recursos humanos y técnicos para una correcta valoración de los pacientes, que permita una derivación más eficiente hacia niveles asistenciales superiores así como la promoción de actuaciones coordinadas de todos los agentes sanitarios para optimizar el uso de recursos y evitar duplicidades de procedimientos diagnósticos o terapéuticos.

Sin embargo, hay dudas, tanto a corto como a medio plazo, de las virtudes de promover una actuación coordinada de todos los agentes; de reducir las listas de espera; de incrementar la información disponible sobre el historial farmacoterapéutico o de establecer planes y de atención a pacientes con enfermedades crónicas. En lo que sí existe consenso es, de nuevo, en las probabilidades de implantación. Prácticamente nadie confía en que Sanidad ponga en marcha medidas de este tipo.

Un tercer bloque compartiría estas características. El sector reclama desde hace tiempo un cambio de timón en la política farmacéutica, que haga más énfasis en la demanda que en la oferta. Por eso, en el ámbito de corresponsabilizar al paciente, el sector sanitario cree imprescindible la formación para la prevención primaria y secundaria de enfermedades, la formación en el uso adecuado de recursos e, incluso, la generalización de las factura sombra.

Son, de hecho, las únicas iniciativas en este terreno que, en opinión de los consultados, tienen posibilidades de salir adelante. Existe una confianza casi nula en que Sanidad modifique su postura sobre el copago, en cualquiera de sus variantes. Hay que añadir, que esta herramienta no siempre es del agrado del sector. El copago farmacéutico en función de la renta es la fórmula que suscita un mayor consenso en cuanto a efectividad. Al copago sanitario, aunque bien visto en general, le queda un largo trecho por recorrer para aunar opiniones.

Creencias indeseadas

En el otro lado de la balanza se coloca una serie de medidas en las que la disyuntiva entre lo deseado y lo esperado por los agentes muestra su otra cara. A pesar de los importantes cargos que ostentan los participantes en este estudio, no fue posible concretar un mínimo consenso sobre las medidas que con probabilidad puedan ser puestas en marcha por parte de la Administración.

No obstante, las que se ven con más probabilidad, aunque siempre con una puntuación inferior a 6 sobre 10, serían la reducción de precios de los medicamentos y los márgenes sobre la farmacia y la distribución. Los recortes económicos referidos al sector suscitan muchas dudas, especialmente a largo plazo, y son, en general, rechazados, aunque no de una manera unánime.

En este punto se encuentran, además, las políticas para mejorar la formación al paciente sobre el uso responsable de los recursos así como los planes de atención a pacientes crónicos.

Medidas rechazadas

Por el contrario, han sido frecuentes los consensos en la creencia de que no se implantará una determinada medida de entre las propuestas. En 15 de las 27, los participantes no ven probabilidades de implantación, a pesar de que en nueve fue amplio el consenso a la hora de desear su implantación. Cabe resaltar, por ejemplo, que según los encuestados, y a pesar de que sus bondades son pregonadas desde todos los ámbitos, no cabe esperar la creación de un sistema nacional de evaluación económica que estudie los medicamentos de mayor impacto. Tampoco habrá espacio, según estas previsiones, para la innovación en la política farmacéutica: pese a las voces que en Cataluña lo han pedido, no hay de momento creencia suficiente para el establecimiento de contratos de riesgo compartido.

Otros debates quedan abiertos, sobre todo en el sistema de precios de referencia. El sector no se pone de acuerdo, ni en sus posibles beneficios a corto y largo plazo, e igualmente hay posiciones a favor y en contra, a la hora de instaurar nuevos modelos, ya sea por equivalentes terapéuticos o de medicamentos hospitalarios. Lo único claro que en sus términos actuales convence a pocos.

En opinión de Aeseg, el sistema se ha descafeinado. “Antes había un parámetro de control; ahora no se sabe si el medicamento está comercializado y se están marcando precios de referencia que están sin ventas o que venden menos de 5.000 unidades al año”, dice Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda, director general de la patronal. Por su parte, a García Gutiérrez le suscita otras dudas. “Si el sistema supone una bajada ilimitada de los precios, ¿es que los beneficios eran ilimitados o es que estamos comprometiendo la calidad del medicamento?”, pregunta.

Antonio Mingorance, presidente de Fedifar, está de acuerdo en la necesidad de no romper la cohesión. La posibilidad de que las comunidades se ‘salten las reglas’ de la entrada en vigor de las órdenes anuales de precios es, para Fedifar, “una incoherencia más, como los visados o sacar los DH de las farmacias”.